El Pleno del Congreso ha derogado este martes el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, una medida impulsada por el Gobierno de coalición y defendida especialmente por Sumar, socio minoritario del Ejecutivo. La iniciativa ha quedado sin efecto tras sumar los votos en contra de PP, Vox y Junts, a los que también se ha añadido UPN, mientras que el PNV se ha abstenido.
El resultado final de la votación ha sido de 166 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones, lo que ha supuesto el rechazo definitivo a un texto que estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo. Además de la prórroga de los contratos de alquiler, el decreto incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios podían aplicar a los inquilinos. La decisión parlamentaria ha reabierto el debate sobre la política de vivienda en España, en un contexto de fuerte tensión entre los partidos que sostienen al Ejecutivo y la oposición, que ha unido fuerzas de nuevo para tumbar una de las medidas estrella del área de vivienda.
Un decreto clave para la política de vivienda que queda sin efectos
El decreto ley derogado tenía como objetivo principal dar continuidad a los contratos de alquiler que expiraban en los próximos años, evitando así situaciones de desprotección para los inquilinos. También establecía un límite del 2% a las actualizaciones de renta, una medida que buscaba contener el incremento del precio del alquiler en un mercado tensionado.
Sin embargo, la suma de PP, Vox y Junts ha sido suficiente para frenar su continuidad en el Congreso. El texto ha quedado sin efectos legislativos tras la votación, lo que supone un cambio inmediato en el marco regulador que afectaba a miles de contratos de arrendamiento en todo el país. Desde el Gobierno y sus socios, la reacción no ha tardado en llegar, especialmente desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, encabezado por la socialista Isabel Rodríguez. Fuentes del departamento han calificado la votación como una «irresponsabilidad de la derecha y la extrema derecha», y han asegurado que se seguirá trabajando en nuevas medidas para abordar la situación del alquiler.
El ministerio ha avanzado además su intención de intensificar los contactos con los grupos parlamentarios para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada, con el objetivo de «acabar con el fraude en los contratos de menos de un año». También ha señalado que continuará impulsando iniciativas para fomentar la bajada de precios, frenar la especulación y movilizar vivienda vacía.
Bustinduy promete insistir
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha sido uno de los miembros del Gobierno más contundentes tras conocerse el resultado de la votación. Ha asegurado que volverá a llevar al Congreso el decreto «las veces que haga falta», en referencia a la prórroga de los contratos de alquiler ahora derogada. Ha criticado con dureza a las formaciones que han votado en contra, a las que ha acusado de haber abandonado «a su suerte a tres millones de compatriotas». En sus declaraciones, ha sostenido que el resultado de la votación evidencia una «desconexión radical» con la ciudadanía trabajadora.
El ministro también ha advertido de que esta decisión «lo van a pagar muy caro» políticamente, ya que, según ha señalado, una parte importante de los votantes de PP y Vox respaldaba este tipo de medidas. «La prórroga de los contratos de alquiler la apoyan dos tercios de sus votantes, y hoy les han dado la espalda», ha afirmado. En la misma línea, Bustinduy ha acusado a estos partidos de actuar para «blindar el negocio de quienes se están forrando con la vivienda a costa de los derechos de los españoles«. Ha insistido en que el Gobierno seguirá intentando sacar adelante la medida «por tierra, mar y aire», dejando claro que la intención del Ejecutivo es mantener la presión legislativa sobre esta cuestión.
