El Pleno del Congreso tumbó este martes el decreto ley que contemplaba una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una medida que no ha logrado los apoyos necesarios tras el rechazo de PP, Vox y Junts. La norma había sido aprobada previamente en el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de marzo, por lo que estuvo en vigor durante poco más de un mes. En ese tiempo, el Gobierno y los ministros de Sumar animaron a los inquilinos a solicitar la ampliación de sus contratos.
Sin embargo, como todo decreto ley, debía ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de treinta días, tal y como establece la Constitución. Esa convalidación no ha llegado y la norma ha quedado derogada tras la votación del 28 de abril de 2026. El resultado deja sin efecto una serie de medidas que buscaban aliviar la presión del mercado del alquiler en los próximos años.
Las medidas que desaparecen tras la derogación
Entre las disposiciones que decaen se encuentra la posibilidad de prorrogar hasta dos años adicionales los contratos de alquiler de vivienda habitual que vencieran entre el 20 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Esta medida pretendía ofrecer estabilidad a los inquilinos, evitando que tuvieran que renegociar un nuevo contrato en un contexto de precios al alza.
También desaparece el límite extraordinario que fijaba un tope del 2% para la actualización anual de las rentas. Con esta restricción se buscaba evitar incrementos bruscos en los alquileres tras la finalización de los contratos. Ahora, con la caída del decreto, ese límite deja de aplicarse de forma general.
En este nuevo escenario, la actualización de las rentas dependerá del tipo de contrato firmado. Para los suscritos después del 26 de mayo de 2023, se aplicará el Índice de Referencia de Alquileres de Vivienda (IRAV), publicado por el INE. Este índice sustituye al IPC como referencia principal y actúa como techo máximo en las subidas. En cambio, los contratos anteriores a la Ley por el Derecho a la Vivienda seguirán utilizando el IPC o el Índice de Garantía de Competitividad, según lo pactado. Según fuentes del Ministerio de Vivienda citadas por Europa Press, este último indicador nunca podrá superar el 2% en su aplicación.
Qué ocurre con las prórrogas ya solicitadas
La gran incógnita tras la derogación del decreto es qué ocurre con los inquilinos que solicitaron la prórroga mientras la norma estaba en vigor. El periodo comprendido entre el 22 de marzo y el 28 de abril fue clave, ya que durante esas semanas la medida sí producía efectos legales. Organizaciones como Facua han señalado que, durante ese tiempo, los inquilinos podían solicitar la prórroga de forma formal mediante burofax o correo electrónico certificado. Esa comunicación se realizaba directamente al arrendador antes de la caída definitiva del decreto.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió una carta a más de 500 grandes gestoras inmobiliarias y fondos de inversión recordando que debían aplicar la prórroga en los contratos afectados si esta había sido solicitada. El objetivo era reforzar la aplicación de la norma mientras seguía vigente. No obstante, la situación actual abre un escenario de incertidumbre jurídica. La validez de esas solicitudes dependerá en última instancia de los tribunales, que deberán determinar si los derechos generados durante la vigencia del decreto deben mantenerse o no tras su derogación.
Mensaje de tranquilidad del Gobierno y debate abierto
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha querido trasladar un mensaje de calma a los afectados. Según ha afirmado, los inquilinos que solicitaron la prórroga «han quedado cubiertos» por el periodo en que la norma estuvo en vigor, pese a su posterior derogación en el Congreso. Ha señalado en declaraciones a TVE que, en caso de judicialización, el Ejecutivo confía en que los tribunales respalden «el derecho de acceso a la vivienda de estas personas» y la filosofía que inspiraba la norma. En cualquier caso, el Ministerio ha puesto a disposición de los ciudadanos el teléfono 047 para resolver dudas y ofrecer asesoramiento.
«Les vamos a acompañar. No están solos», ha subrayado la ministra, insistiendo en que el Gobierno seguirá apoyando a los inquilinos afectados. Este mensaje busca contener la preocupación generada tras el cambio de escenario normativo.
Inseguridad jurídica y llamada del sector inmobiliario
Desde el sector inmobiliario, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha pedido al Gobierno una aclaración urgente y por escrito sobre las consecuencias de la derogación. La organización considera necesario evitar interpretaciones contradictorias que puedan generar conflictos entre propietarios e inquilinos.
Para su presidente, José María Alfaro, la situación actual refleja una inestabilidad normativa que perjudica al mercado. Según ha señalado, «el encadenamiento de anuncios y medidas cambiantes está provocando que muchos propietarios retiren viviendas del alquiler residencial». FAI advierte de que esta tendencia reduce la oferta disponible y puede intensificar la presión sobre los precios. En su opinión, es necesario avanzar hacia un marco normativo «estable y predecible» que genere confianza tanto en propietarios como en inquilinos.
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