El Gobierno ha decidido apurar los plazos al máximo para someter a debate parlamentario el decreto ley que regula la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda. La votación en el Congreso de los Diputados se ha fijado para el próximo martes 28 de abril, apenas un día antes de que expire el periodo legal para su convalidación.
La medida forma parte de un paquete normativo impulsado desde el Ejecutivo que busca dar estabilidad al mercado del alquiler en los próximos años. Sin embargo, su aprobación definitiva depende ahora del respaldo parlamentario en una Cámara Baja donde los apoyos no están asegurados.
Un decreto ya en vigor a la espera del Congreso
El texto aprobado establece una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que finalicen hasta el 31 de diciembre de 2027. En esos casos, los inquilinos podrán mantener su vivienda durante un periodo adicional de hasta dos años. Además, el decreto incluye una limitación extraordinaria en la actualización anual de las rentas de alquiler. Con ello, el Gobierno pretende evitar subidas bruscas en los precios durante la vigencia de los contratos afectados por la norma.
El decreto ley entró en vigor el 20 de marzo, tras su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde ese momento, la norma es aplicable, aunque queda supeditada a su convalidación parlamentaria. La Constitución establece que este tipo de decretos deben ser sometidos a votación en el Congreso en un plazo máximo de treinta días desde su entrada en vigor. En este caso, el margen está a punto de agotarse.
Posiciones enfrentadas en el Congreso
El panorama político anticipa una votación complicada. El Partido Popular, Vox y Junts han expresado ya su rechazo al decreto impulsado por Sumar, lo que dificulta su convalidación. En el caso del PP, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ni siquiera ha aceptado sentarse a negociar el contenido del texto, lo que evidencia la distancia política respecto a la medida.
El socio minoritario del Gobierno confía en poder sumar apoyos de última hora, especialmente el de Junts, cuya posición podría ser determinante para el resultado de la votación. Sin embargo, desde la formación catalana han mostrado reticencias al considerar que no comparten buena parte del contenido del decreto.
