El Ayuntamiento de Málaga ha dado un nuevo paso para contener el crecimiento de los alojamientos turísticos en la ciudad. En un pleno extraordinario, la Corporación municipal aprobó una suspensión temporal de nuevas licencias para convertir viviendas de barrios residenciales en pisos turísticos u hoteles durante un periodo de tres años. La medida entrará en vigor cuando sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), un trámite que el Consistorio prevé completar a mediados de esta semana. A partir de ese momento, no se podrán autorizar nuevos proyectos de hospedaje en las zonas residenciales afectadas por esta suspensión cautelar.
La propuesta salió adelante únicamente con los votos favorables del Partido Popular. El PSOE optó por la abstención, mientras que Vox y Con Málaga votaron en contra, al considerar que la iniciativa presenta limitaciones y no aborda el problema de la vivienda desde la perspectiva que defienden sus grupos.
Una suspensión que no afecta a las solicitudes ya presentadas
Uno de los puntos clave de la nueva norma es que no tendrá carácter retroactivo. Esto significa que los proyectos que ya hubieran iniciado su tramitación antes de la publicación oficial de la moratoria podrán continuar con el procedimiento habitual. Este aspecto ha sido uno de los principales motivos de crítica por parte de la oposición. Sus representantes han advertido de que podría producirse un aumento de solicitudes de última hora antes de que la suspensión entre en vigor, ya que quienes presenten sus expedientes a tiempo quedarían fuera de las nuevas restricciones.
La medida también introduce mayores dificultades para transformar locales comerciales vacíos en viviendas. El objetivo municipal es evitar que estos cambios terminen reduciendo todavía más el uso residencial tradicional de determinados barrios. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, defendió durante el pleno que la intención del Ayuntamiento es proteger el suelo residencial frente a la expansión de los usos turísticos. Según explicó, la decisión busca limitar que el hospedaje se convierta en una alternativa al alquiler o a la vivienda habitual.
La moratoria supone un cambio de enfoque respecto a las medidas aplicadas hasta ahora por el Consistorio malagueño. Hasta este momento, las restricciones se habían centrado principalmente en establecer condiciones para nuevas viviendas turísticas y limitar su crecimiento en las zonas con mayor concentración. Desde junio de 2024, los pisos turísticos debían contar con entrada y servicios propios separados del resto del edificio. Posteriormente, en enero de 2025, el Ayuntamiento prohibió nuevas altas de viviendas turísticas en 43 barrios donde estos alojamientos ya superaban el 8% del parque residencial.
En el resto de barrios de la ciudad se mantenía la posibilidad de registrar nuevas viviendas turísticas siempre que cumplieran el requisito de disponer de acceso independiente. Con la nueva decisión aprobada en pleno, la restricción se amplía y afecta a cualquier nueva licencia de hospedaje en suelo residencial, incluidos edificios completos de apartamentos turísticos y hoteles.
Críticas de la oposición y defensa del Gobierno municipal
La oposición municipal ha mostrado diferentes reparos ante la decisión. Desde Con Málaga, su portavoz Toni Morillas calificó la iniciativa como una «chapuza», al considerar que llega tarde y que no resuelve las consecuencias de la presión turística sobre la vivienda. Morillas responsabilizó al alcalde, Francisco de la Torre, de la situación actual de la ciudad y reclamó explicaciones sobre determinadas actuaciones relacionadas con licencias.
Vox rechazó la medida desde otro planteamiento. Su portavoz, Antonio Alcázar, defendió que el problema de la vivienda no puede atribuirse únicamente al turismo y señaló que la moratoria no incrementa la oferta de viviendas, no libera suelo ni incorpora nuevas ayudas para facilitar el alquiler. Según Vox, la decisión responde más a la preocupación del Partido Popular por el malestar social existente en torno al acceso a la vivienda que a una solución definitiva. El grupo considera que la suspensión de licencias no aborda las causas principales del problema. El PSOE, por su parte, decidió abstenerse al entender que la propuesta cuenta con elementos que reducen su alcance. Los socialistas consideran que la medida llega con matices que podrían limitar su eficacia.
