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Una Ley de Vivienda que poco o nada aborda las problemáticas actuales del sector

El Club Inmobiliario Esade Alumni examina en un debate la Ley de Vivienda, con la "inseguridad jurídica" como una de las grandes conclusiones.

Una Ley de Vivienda que poco o nada aborda las problemáticas actuales del sector

El impacto de la nueva Ley de Vivienda, sus principales falencias y posibles alternativas, fueron eje de debate en el marco de la XXIV edición de la jornada anual del Club Inmobiliario Esade Alumni, celebrada ayer en la capital.

Como pistoletazo de salida, Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial y presidenta del Club Inmobiliario Esade Alumni, resaltó la problemática simétrica de la vivienda en España, especialmente en zonas de determinados núcleos urbanos, y la existencia de un «desajuste» entre los desarrollos urbanísticos de las ciudades y sus mecanismos de ordenamiento locales, que no concuerdan con los requerimientos de la población, mucho más exigentes y de necesidad inmediata.

«Existe una escasez de vivienda en zonas céntricas, principalmente por la falta de suelo edificable y las restricciones de altura y de superficie. En la última década, ha aumentado en 800.000 el número de hogares que viven en alquiler, en torno a dos millones de personas, lo que supone que, aproximadamente, el 24% de las familias en España viven en viviendas que no son de propiedad, frente a un 30% de la media europea», agregó la directora. Recordó, además, que el Banco de España cuantifica que el esfuerzo de la renta disponible para las familias es del 40% en el país, superior a un 30% recomendado.

También, la experta indicó que, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, España dispone solamente de 290.000 viviendas de propiedad pública destinadas al alquiler social, lo que supone un 1,6%, muy distante de la media europea, un 7,5%.

«Tenemos una ley de alquiler tremendamente proteccionista con el inquilino y con procesos de desahucios largos ante los impagos, desprotegiendo al propietario. Ante este contexto es razonable preguntarse ¿esta ley es realmente eficaz para solucionar el diagnóstico actual que tiene la vivienda y diseñar un plan de acceso a la vivienda para todos?», añadió Ganyet.

A la pregunta, Ana María Zurita, arquitecta y secretaria de vivienda del Partido Popular, respondió que «la ley no va a resolver absolutamente nada, pues es una ley que no tiene determinaciones claras, que genera una gran inseguridad jurídica y que invade competencias de las comunidades autónomas». Además, Zurita aclaró que la contención de renta de alquiler que prevé dicha ley no ha funcionado en ningún país donde se ha implementado.

«Desde el propio grupo de vivienda dentro del Partido Popular, hemos llegado a la conclusión de que es necesario derogar la ley. La expectativa es de futuro, pero todo apunta a que es dañina para el sector inmobiliario y para la población en general, pues no sirve en los términos en los que está redactada y no soluciona los problemas de vivienda que ahora mismo tiene España«, advirtió la secretaria. Si bien la experta reconoce que el Estado tiene que garantizar que cualquier persona o familia vulnerable que no pueda pagar la hipoteca o el alquiler debe contar con una protección, también aseguró que «esta ley carga la política de vivienda sobre la propiedad privada».

Por su parte, David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes, enfatizó en la falta de dinero existente para la construcción de vivienda en el país, dinero en términos de capital social y dinero en términos de deuda. «Somos un país pobre en términos de capital y necesitamos que llegue capital de fuera. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en los mensajes políticos que transmitimos y en la legislación que aprobamos, y es evidente que con el texto de ley actual no se invita a invertir en esta industria», reflexionó Martínez. Por esto, considera especialmente importante la creación de un marco de estabilidad que atraiga el capital al sector inmobiliario.

El experto en ‘real estate’ identificó la falta de suelo como uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta el sector en la actualidad. «Invertir hoy en suelo es un proceso heroico. Hemos construido una estructura jurídica que hace que el proceso de fabricación de suelo, en términos de convertir un suelo urbanizable en urbano, tome años en la práctica, cuando debería tardar pocos meses», señaló Martínez. En consecuencia, aboga por la flexibilización de los procesos administrativos para la fabricación y por la implementación de una seguridad jurídica a los procesos de transformación urbanística.

Finalmente, Martínez señaló que decisiones como las que ha tomado la Comunidad de Madrid, poner a disposición de la industria suelos ociosos en régimen de concesión de derecho de superficie por varios años, facilitan la rápida colocación de vivienda en el mercado a precios asequibles.

Como conclusión del encuentro, Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y de Aliseda, alertó de la cifra de 200.000 familias, más de 400.000 personas, de saldo neto migratorio anual que se tendrá a partir del año que viene, lo que generará una disrupción en el mercado de la vivienda. «Hay una necesidad inminente de juntar la emergencia habitacional, que ya tenemos, junto con el saldo migratorio mencionado, y esta ley no aborda dicha problemática. La solución pasa, entonces, por una colaboración público-privada«, apuntó Mendiluce.

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