Las entidades financieras se ha comprometido públicamente a no elevar el tipo de interés de las hipotecas y préstamos al consumo que se acojan a una de las moratorias que ofrece el sector a colectivos directamente afectados por la crisis del Covid-19. Es decir, a quienes hayan perdido su empleo, estén en un ERTE o hayan tenido que cerrar temporalmente su negocio.
Estas moratorias se instrumentan a través de un préstamo personal, una modificación del préstamo hipotecario o de una fórmula «financieramente equivalente». Se trata de un aplazamiento del pago que sólo afecta al capital, no a los intereses. La moratoria puede llegar a ser de 12 meses en el caso de las hipotecas y de 6 meses, en los préstamos al consumo.
Las entidades financieras, a través de las tres patronales, han firmado un convenio que regula esta figura legal para cumplir con las directrices de la EBA, que había solicitado un acuerdo marco como condición para que los bancos se beneficien de la flexibilidad contable que concede Europa a los impagos de créditos con buen comportamiento de pago. El sector dice que responderá a todas las solicitudes de clientes en 30 días.
Según datos de las propias compañías, las principales entidades financieras del país han recibido 394.000 peticiones de moratoria en el pago de la letra tanto de créditos hipotecarios como de otros destinados al consumo. Así, Caixabank ha tenido 95.000 solicitudes de moratorias, que se suma a otras 125.000 peticiones en créditos al consumo mientras que Santander por su parte ha cifrado en 45.000 los clientes que se han acogido al aplazamiento de la cuota hipotecaria al estar afectados por la crisis del Covid-19, lo que supone el 8% de su cartera.
