Santa Cruz de Tenerife da un paso relevante para ampliar su parque de vivienda pública con una inversión conjunta de 115 millones de euros. El acuerdo ha sido firmado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la ciudad. El convenio permitirá la construcción de 263 viviendas de promoción pública, además de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana en distintos barrios. El objetivo es reforzar la oferta de vivienda, especialmente en régimen de alquiler, en un contexto de elevada demanda.
La firma del acuerdo fue presentada en rueda de prensa por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Los tres coincidieron en señalar la necesidad de acelerar los plazos para responder a la emergencia habitacional.
Nuevas promociones y peso de la capital en la vivienda pública
Según lo previsto, este mismo año comenzará la edificación de 226 viviendas públicas en el barrio de Cuevas Blancas. A estas se sumarán otras 37 viviendas en la zona de María Jiménez, también destinadas al alquiler público. Estas últimas estarán finalizadas a comienzos del próximo año. En el caso de Cuevas Blancas, la previsión sitúa la finalización de las obras a finales de 2027.
Desde las administraciones se puso de relieve la lentitud de los procesos actuales. Los responsables públicos recordaron que el desarrollo de una promoción puede prolongarse entre cinco y siete años desde su planificación hasta la entrega de llaves. El alcalde destacó que Santa Cruz concentra cerca del 50% de la vivienda pública que se construye en toda la isla. Esta cifra contrasta con el hecho de que la capital reúne aproximadamente el 20% de la población insular.
Además de las nuevas promociones incluidas en el convenio, ya están en marcha otros proyectos. Entre ellos figura la construcción de 100 viviendas en el barrio de La Gallega y otras 20 en Valleseco, que podrán adjudicarse a lo largo de este año.
Demanda creciente y obstáculos normativos
Las cifras oficiales sitúan entre 6.000 y 7.000 las personas inscritas como demandantes de vivienda en Santa Cruz de Tenerife. No obstante, solo un tercio solicita vivienda pública en régimen de alquiler. Otro tercio de los demandantes busca vivienda protegida de promoción privada en alquiler. El resto de las solicitudes se orienta a la compra de vivienda, según los datos facilitados por el Gobierno.
Uno de los principales problemas señalados por las tres administraciones es la normativa vigente. Actualmente, la vivienda pública debe seguir los mismos procedimientos administrativos que cualquier otra edificación. Esta situación, explicaron, impide reaccionar con rapidez ante situaciones de emergencia habitacional. Por ello, reclamaron al Gobierno central mecanismos excepcionales de contratación para este tipo de contextos.
El convenio también se integra en una estrategia más amplia de vivienda en la capital. Esta política incluye la adquisición de promociones privadas para su incorporación al parque público, como las 20 viviendas compradas en Valleseco. A ello se suman proyectos de rehabilitación energética y regeneración urbana en barrios como Añaza, Los Gladiolos, Santa María del Mar, Barrio de la Salud, Ofra o García Escámez. En conjunto, estas actuaciones alcanzan a más de 1.500 viviendas.
