La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, registrarán este lunes la proposición de ley conjunta de PSC-Units y Comuns. El texto se tramitará por el procedimiento de urgencia extraordinaria, que acorta los plazos sin saltarse el paso por comisión, con la intención de que entre en vigor este mismo año. Paneque ha defendido que ampliar el parque público es una prioridad inaplazable ante la emergencia residencial, y que esa protección debe ser permanente, mientras que Albiach ha sido más directa: «Lo que le estamos diciendo al sector privado es que no se puede lavar las manos frente a la crisis salvaje de vivienda que tenemos en nuestro país. Aquí debemos remar todos».
Oficinas, hoteles y locales que podrán convertirse en pisos protegidos
La ley permitirá reconvertir en VPO edificios de suelo de uso terciario que hoy sean oficinas, hoteles o aparcamientos privados en altura, siempre que al menos la mitad de la superficie del inmueble pase a vivienda protegida. Los pisos resultantes deberán tener un mínimo de 50 metros cuadrados, cumplir la normativa vigente y contar con cédula de habitabilidad.
Los promotores podrán además crecer un 20% en altura, incluso por encima del máximo regulado, si destinan íntegramente ese incremento a vivienda protegida. En el caso de los hoteles, el Ejecutivo y sus socios plantean esta vía sobre todo para municipios costeros con un exceso de oferta turística. Los locales comerciales en planta baja también podrán transformarse en VPO, aunque solo en las zonas que cada ayuntamiento determine caso por caso, para no vaciar el tejido comercial de los barrios.
Más plantas, subdivisiones y suelo todavía por desarrollar
En los suelos urbanizables no consolidados, es decir, promociones ya previstas pero aún no construidas, los promotores podrán pedir un 20% más de viviendas siempre que ese aumento sea íntegramente protegido. Un promotor con 500 viviendas autorizadas, por ejemplo, podría llegar a 600, con 100 de ellas como VPO adicional.
Ese crecimiento no exige ceder más suelo, porque no se construye en superficie, pero sí deberá justificarse desde el punto de vista paisajístico. La norma también habilita levantar nuevas plantas en edificios que ya agotaron su edificabilidad pero conservan altura disponible, siempre que no superen la altura de los edificios vecinos.
La ley prevé igualmente la subdivisión de viviendas de más de 100 metros cuadrados: el piso resultante de al menos 50 metros pasaría a VPO y el otro se mantendría libre. Si lo que se subdivide es un despacho de ese tamaño, ambas viviendas resultantes serían protegidas y desaparecería el uso de oficina.
El texto pone como ejemplo un edificio con seis viviendas y dos despachos de 120 metros cuadrados: subdividiendo todo el inmueble se podrían generar hasta diez VPO y seis viviendas libres. La norma añade, además, la posibilidad de edificar en parcelas hoy consideradas sin condiciones mínimas de edificación y una excepción para las antiguas colonias textiles, donde sí será obligatorio modificar el planeamiento urbanístico para reservar suelo destinado a vivienda protegida.
Solo para residencia habitual y en zonas tensionadas
Toda vivienda nueva construida a partir de la entrada en vigor de la ley en estos municipios deberá destinarse a residencia habitual y permanente, en propiedad o en alquiler de larga duración. La disposición no afecta a las segundas residencias y refuerza la normativa catalana ya vigente sobre alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos.
Las medidas tendrán una duración de cuatro años, prorrogable por acuerdo del Consell Executiu, y solo se aplicarán en los cerca de 270 municipios catalanes declarados de mercado tensionado o de demanda fuerte y acreditada. Cada ayuntamiento podrá, de forma justificada y por acuerdo de pleno, quedar fuera de estas medidas en todo o en parte de su término. Toda vivienda que se convierta en VPO al amparo de esta ley quedará protegida de forma indefinida y no podrá volver nunca al mercado libre, una fórmula similar, aunque no idéntica, a la que aprobó hace un mes la Comunidad de Madrid, que prevé 18.000 viviendas protegidas y hasta un 30% más de edificabilidad en suelos públicos todavía sin desarrollar.
Una de las seis medidas del pacto de vivienda, pendiente del apoyo de ERC
Esta reconversión de oficinas y locales es la primera de las seis medidas del acuerdo de vivienda que el PSC y los Comuns cerraron para hacer posible primero la investidura de Salvador Illa y después los presupuestos catalanes. El texto necesitará ahora el respaldo de ERC para salir adelante en el Parlament, un partido que suele pedir cambios antes de sumarse a los acuerdos entre el Govern y los Comuns.
Illa celebró el acuerdo en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, en el que remarcó que se impulsará la reconversión de oficinas, hoteles, aparcamientos y locales, y que se facilitará la ampliación de edificios donde más falta hace vivienda protegida. Paneque enmarca la iniciativa en el llamado plan 50.000, mientras que Albiach ha apuntado que si finalmente se superara esa cifra a lo largo de la legislatura, mejor que mejor.
La proposición de ley catalana apuesta por una fórmula poco explorada hasta ahora: tirar de lo ya construido en vez de depender solo del suelo disponible para sumar vivienda protegida. Su recorrido, no obstante, dependerá tanto del respaldo de ERC en el Parlament como de si otros grupos deciden llevarla al Consell de Garanties Estatutàries, como ya ha ocurrido con otras normas de vivienda impulsadas por el Govern.
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