El pasado martes, el pleno del Consejo del ejecutivo valenciano aprobó un decreto para modificar la ley de la huerta de Valencia y el plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la zona, abriendo la puerta a construir viviendas y dotaciones residenciales en terrenos protegidos hasta la fecha, según informa À Punt.
Además de este cambio, la reforma supone la supresión del Consell de l’Horta, el órgano de autogobierno del paisaje agrario protegido desde 2018 con la legislación aprobada por el Botánico.
Según el ejecutivo valenciano, estos cambios responden a una «necesidad urgente» para abordar «carencias y obstáculos» que surgían de la legislación anterior, y para poder prevenir nuevas inundaciones, tras la DANA del pasado 29 de octubre. Así lo ha explicado Vicente Martínez Mus, consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo.
Para el gobierno de Carlos Mazón (PP), la ley vigente hasta ahora presenta «carencias manifiestas y faltas de dinamización del paisaje» y ha sido un «fracaso» por no haber cumplido los objetivos ni haber tenido en cuenta la opinión de los municipios afectados.
Sin embargo, el pasado miércoles, el mismo medio informaba de que representantes de algunos pueblos afectados reclamaron que se lleven a cabo comisiones de investigación sobre la gestión del barranco. La vicealcaldesa de Albal, María José Hernández (Grupo Avant), ha exigido que estén «formadas por técnicos independientes, no por políticos».
Por su parte, a alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo (PP), puso el foco en las viviendas que hay edificadas junto a barrancos y, por tanto, en zonas inundables, que hacen que la reconstrucción pueda ser «peligrosa». Los ayuntamientos tienen la «misión importante» de evitar reconstruir «en zonas donde, al final, se demostró que es peligroso habitar», destacó la alcaldesa. Las ayudas, en su opinión, no sólo deben invertirse en edificios de titularidad municipal, sino también para «remodelar y proyectar un futuro mejor para todos los ciudadanos».
Según informa el medio local, muchos de los representantes de estos pueblos aprovecharon sus intervenciones las intervenciones para solicitar «urgentemente» que se levante la regla de gasto a los ayuntamientos, porque están con «la soga en el cuello» y al borde del «colapso económico», tras utilizar muchos fondos para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal.
Se han destruido activos por valor de 17.000 millones, según el IVIE
El director general del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, ha explicado que el potencial de activos que puede estar afectado en esas zonas inundadas asciende a 85.900 millones de euros.
Según los cálculos, «no menos del 20% de esos 85.000 millones, es decir, al menos 17.000 millones, fueron destruidos por la dana». Y de los más de 17.000 millones de euros anunciados por el conjunto de las administraciones, por ahora se han pagado 2.325, según Pérez.
«Es necesario mantener el esfuerzo y acelerar la ejecución, y deberá hacerlo fundamentalmente el Estado, porque tiene sentido que lo haga en una situación como ésta y porque la situación financiera de la Generalitat desde hace muchos años es muy precaria, porque estamos en una situación de infrafinanciación», destacó el director del IVIE.
Nuevos cambios en la ley de la huerta de Valencia
El Consejo pretende agilizar las obras en algunos barrancos
Los cambios, según Martínez Mus, ya estaban «previstos antes de las inundaciones», defendiendo que las circunstancias recientes exigen «acciones inmediatas» para facilitar la rehabilitación y reconstrucción de la huerta, «un espacio valioso por la riqueza agraria, natural, cultural y paisajística». Entre otras cuestiones, la intención es agilizar las obras de canalización de algunos barrancos que se desbordaron durante la catástrofe, como el barranco del Poyo o la Saleta.
La nueva regulación también aplicaría modificaciones en el régimen de autorizaciones «por la necesidad extraordinaria y urgente de reparar o acometer determinadas infraestructuras», especialmente, las hidráulicas. Con este fin, se suprime el carácter vinculante de los informes de la consejería competente a nivel paisaje.
La modificación pretende agilizar las obras de canalización de estos barrancos. A efectos prácticos, dejaría en manos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX) la aprobación de las obras que afectan a ambos barrancos.
Eliminado el Consell de l’Horta
El decreto ley aprobado por el Consejo inicia el proceso de disolución del Consell de l’Horta de València para «simplificar estructuras administrativas, ahorrar costes y evitar duplicidades».
El ente, conformado por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y todas las entidades agrarias con presencia en la zona, ha funcionado desde 2018 como órgano de autogobierno y ha velado por el cumplimiento de la ley de la huerta. Sus competencias serán asumidas directamente por las consejerías de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, y de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Martínez Mus ya lo avanzó el 11 de diciembre en Les Corts, donde acusó al Consell de l’Horta de «bloquear» con sus informes proyectos a los barrancos de Poyo y la Saleta, y anunció la modificación de la ley para «facilitar» actuaciones y que estos instrumentos no supongan «obstáculos».
Cambios en la ordenación para hacer frente a la «emergencia residencial»
Sin embargo, al mismo tiempo, se introducen cambios en la ordenación y dinamización de la huerta, con «correcciones adicionales» para abordar la situación generada por las inundaciones.
«Se aclara el régimen jurídico de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural, y se ha introducido el uso residencial dotacional en l’Horta [de protección especial] Grado 3, una de las tres categorías que diferencia el plan de acción territorial», explica la administración autonómica en una nota de prensa.
Este procedimiento incluye zonas de l’Horta, «estas necesarias dotaciones, tanto en los municipios directamente afectados por la riada como en otras localidades que también requieran soluciones frente a la emergencia residencial», aclara la nota.
Esta flexibilización de los parámetros urbanísticos se sustenta, según la Generalitat, en la necesidad de promover la «regeneración de la huerta para destinar los suelos a explotación agraria efectiva, permitiendo reedificar o rehabilitar las superficies construidas o edificar una porción minoritaria del terreno».
