El Gobierno catalán se ha puesto en marcha para aplicar las medidas de limitación de las rentas del alquiler que prevé la Ley estatal por el derecho a la vivienda (12/2023). Concretamente, son 140 los municipios que cumplen los requisitos que marca la ley para implementar las medidas de contención de las rentas.
La Generalitat de Cataluña ha publicado el anuncio de información pública del proceso de declaración que incluye la memoria justificativa con los criterios empleados para delimitar estos 140 municipios y un análisis territorial de la situación del mercado residencial en Cataluña en los últimos años, con especial atención a la evolución del esfuerzo económico para acceder a una vivienda de alquiler o compraventa en función del nivel de renta de la población residente.
Ahora se abre un periodo de información pública de 20 días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones. Una vez finalizada, se responderán las alegaciones recibidas y la resolución final se notificará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que será finalmente quién las aprobará. La vigencia de la declaración será de tres años y se podrá prorrogar por anualidades siguiendo el mismo procedimiento. Para la aplicación de las medidas, con carácter trimestral el Mitma aprobará una resolución que recoja la relación de zonas del mercado residencial tensionadas que se vayan declarando siguiendo el procedimiento establecido.
Para hacer la declaración, y para garantizar la coherencia de las zonas tensionadas con la
planificación territorial de las políticas de vivienda en Cataluña, se han identificado inicialmente 163 municipios potenciales y que son los que el Plan territorial sectorial de vivienda, actualmente en la fase final de su tramitación, considera como áreas de demanda residencial fuerte y acreditada. De estos 163 municipios, 140 cumplen los requisitos que establece la ley estatal para ser declarados zonas tensionadas: Que la carga media del coste del alquiler o de la hipoteca al presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta mediana de los hogares; O que el precio de alquiler o compra de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración de zona tensionada, un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente.
En estos 140 municipios que cumplen los requisitos, viven 6,2 millones de personas, representando un 80,6% del total de la población de Cataluña.
En estos 140 municipios es donde el Gobierno aplicará las medidas de contención de las rentas que recoge la ley estatal, que tiene muchos puntos en común con la ley pionera que Cataluña impulsó en 2020 en materia de contención de alquileres (Ley 11/2020) y que el Tribunal Constitucional tumbó. Así, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de aquel contrato. Y, además, cuando se trate de un gran tenedor, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler.
Cataluña ya dispone de un índice propio, que está actualizado, plenamente vigente y que se usó para implementar la regulación de los alquileres que ya preveía la ley catalana. El
Departamento de Territorio ya ha pedido al Ministerio la homologación de este índice catalán.
