El desayuno-coloquio ‘La Barcelona del futuro: el impacto real de eliminar los pisos turísticos’, organizado por la Asociación de apartamentos turísticos de Barcelona (Apartur) en el Círculo Ecuestre de Barcelona, reunió a expertos del sector turístico, económico y jurídico. Los ponentes coincidieron en que la eliminación total de las licencias previstas para 2028 supondría un grave daño económico y turístico para la ciudad. Enrique Alcántara, presidente de Apartur, destacó que Barcelona ha sido pionera en Europa en la regulación de estos alojamientos, manteniendo un modelo estable y controlado desde hace más de una década.
Según Alcántara, las licencias de apartamentos turísticos representan solo el 1% del parque total de viviendas y «Barcelona ha sido un modelo de éxito pionero por su regulación de los apartamentos turísticos, la calidad de los alojamientos y con clientes de calidad, como son las familias». Subrayó que eliminar las licencias legales podría reabrir la puerta a la oferta ilegal, actualmente casi erradicada gracias a la normativa vigente.
El contexto europeo respalda esta postura. La Comisión Europea, en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible, ha señalado que no presentará propuestas para prohibir los alquileres de corta duración. Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía y Vivienda, afirmó que una prohibición general «sería desproporcionada».
Impacto económico, laboral y social
El estudio presentado por Jordi Salvador, de PwC, refleja que los apartamentos turísticos aportan cerca de 1.900 millones de euros al PIB de Barcelona y generan más de 40.000 empleos directos e indirectos. Además, no existe relación significativa entre estos alojamientos y el aumento del precio de la vivienda, ya que su oferta es limitada frente a la demanda creciente. Salvador explicó que «eliminar este tipo de alojamiento no resolverá el problema de acceso a la vivienda, pero sí tendrá efectos negativos sobre la economía y el empleo de la ciudad».
Los apartamentos turísticos son clave para acoger visitantes de grandes eventos como el Mobile World Congress o el Sónar, cuya demanda no podría cubrirse únicamente con hoteles. Kike Sarasola, de Room Mate Hotels, defendió que una ciudad global necesita una oferta diversa que incluya estos alojamientos, y rechazó la vía de la prohibición. «Se perjudica al conjunto de la ciudad. Somos un todo: hoteles, hostales, viviendas turísticas… que damos servicio al turista que viene», indicó.
El especialista en Derecho Urbanístico Pablo Molina alertó de las implicaciones jurídicas de revocar licencias vigentes, calificándolo de «precedente delicado» que afectaría a pequeños ahorradores y familias. Destacó que la regulación proporcionada protege la convivencia y evita la ilegalidad, mientras que la prohibición genera incertidumbre y riesgos económicos.
Finalmente, el economista Gonzalo Bernardos resumió la preocupación compartida por los expertos: «Lo que nos está pasando es que el relato gana al dato». Los datos muestran que los precios de la vivienda subieron un 72% en la última década, mientras las licencias se mantuvieron estables. Por ello, los especialistas reclaman que cualquier medida se base en evidencia, criterios europeos y un enfoque equilibrado que permita compatibilizar vivienda y turismo.
