El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Barcelona en tres sentencias sobre el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) aprobado en 2021, como recoge EFE. Este plan limita la creación de nuevas plazas hoteleras y prohíbe el alquiler de habitaciones por periodos inferiores a 31 días en el centro de la ciudad. Las decisiones judiciales responden a los recursos presentados por Apartur, Amics del Passeig de Gràcia y la promotora ATIR H.Paral·lel.
El Peuat 2021 es una actualización del plan de 2017, incorporando los cambios requeridos por una sentencia de 2019. Pese a estas modificaciones, sectores turísticos y económicos recurrieron el plan alegando que era arbitrario y que restringía la libertad de establecimiento. También señalaron que el Ayuntamiento no consideró suficientemente los efectos de la pandemia sobre el turismo y que su estrategia se centraba únicamente en prohibir y limitar la actividad turística temporal.
Argumentos de la justicia y consecuencias para el turismo
Las sentencias del TSJC descartan las reclamaciones y sostienen que las medidas del Peuat no son discriminatorias. Según los jueces, las restricciones están justificadas por problemáticas concretas y responden a razones de interés general. Además, consideran que el turismo es un fenómeno predecible, por lo que los datos empleados para planificar el Peuat son válidos y actuales.
Respecto al impacto de la pandemia, la justicia indica que no existía motivo para suspender el plan y que era previsible la recuperación del sector turístico. Así, las limitaciones sobre nuevas plazas hoteleras y alquileres de corta duración permanecen vigentes bajo la administración actual de Jaume Collboni, del PSC. Estas decisiones refuerzan el objetivo del Ayuntamiento de controlar el crecimiento del turismo masivo en el centro de la ciudad.
El fallo representa un espaldarazo al modelo de regulación turística que busca equilibrar la actividad económica con la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, sienta un precedente para futuros recursos legales que pudieran cuestionar medidas similares. Con estas sentencias, Barcelona mantiene la hoja de ruta iniciada en 2017 y actualizada en 2021 para ordenar de manera sostenible los alojamientos turísticos.
