La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha manifestado su preocupación por la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables que carecen de alternativa habitacional. Según la entidad, esta medida, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, afecta directamente al derecho de propiedad de los particulares, según indican en una nota.
Asval asegura que la prolongación de esta moratoria incrementa la desconfianza de los propietarios hacia las instituciones del Estado. La organización advierte que la sensación de inseguridad jurídica puede desincentivar la oferta de viviendas en alquiler. Este efecto es especialmente relevante en un momento en que el mercado muestra niveles mínimos de disponibilidad y tiempos de recuperación de inmuebles superiores a los 20 meses.
«La medida, que surgió hace más de cinco años como excepcional durante la pandemia, se mantiene ahora de manera casi estructural», señala Asval. La asociación considera que este tipo de normas deberían retirarse gradualmente, tal como ocurrió en la mayoría de países europeos. Para Asval, prolongarlas sin una solución definitiva genera un impacto negativo tanto en los propietarios como en las familias vulnerables.
Riesgos legales y económicos de la moratoria
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en casos similares que la demora prolongada en desahucios vulnera derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y la propiedad privada. Asval resalta que las cargas derivadas de la protección social no deben recaer indefinidamente sobre particulares. La organización critica que una suspensión «sine die» de decisiones judiciales firmes puede generar más problemas que soluciones.
Según Asval, la moratoria puede reducir la disponibilidad de viviendas en alquiler y dificultar la recuperación del mercado inmobiliario. La asociación insiste en que los propietarios no deben actuar como un escudo social permanente. Del mismo modo, asegura que los parches actuales no solucionan la falta de alternativas habitacionales y prolongan la precariedad de las familias afectadas.
La entidad propone que los poderes públicos realicen un diagnóstico detallado de cada caso pendiente. Además, reclama medidas correctoras que equilibren la protección social con la seguridad jurídica de los propietarios. El objetivo, explican, es ofrecer estabilidad a las familias vulnerables y garantizar que los propietarios no soporten cargas injustas de manera indefinida.
