Las medidas para rebajar los precios del alquiler en zonas tensionadas sigue siendo motivo de conflicto entre los socios de Gobierno PSOE y Unidas Podemos en el marco de la negociación de la Ley Estatal de Vivienda.
En este sentido, la propuesta legislativa del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (Mitma) contempla una reducción de hasta el 90% en el IRPF a los propietarios que rebajen más de un 10% la renta del contrato en alquiler de su vivienda en zonas tensionadas, respecto al contrato anterior.
Esta propuesta, según el Ministerio de Transportes, estimulará el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles. Así, «se afronta directamente el problema de falta de oferta que caracteriza las zonas de mercado residencial tensionada, equilibrándose los precios», recoge el documento, según informa Europa Press.
Diferentes bonificaciones
Asimismo, el PSOE plantea una bonificación para propietarios del 70% en el IRPF por la incorporación de una vivienda para alquiler habitual en las zonas tensionadas. Algo que, además, favorecerá la entrada en el mercado de viviendas que anteriormente no estaban en el mercado.
Mientras que en las zonas no consideradas como tensionadas, las bonificaciones en el IRPF para los propietarios se situarán entre el 50%, con carácter general, y el 70% en el caso de alquilar a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Por otro lado, para a movilizar las viviendas vacías, PSOE se plantea hacerlo a través de recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Así, plantea recoger en la propia legislación reguladora del IBI una definición clara para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota.
Unidas Podemos apuesta por penalizar la vivienda vacías
El partido liderado por Pablo Iglesias rechaza la propuesta de Mitma e insiste en la necesidad de establecer penalizaciones. Unidas Podemos apuestan por un nuevo impuesto estatal que sancione las viviendas vacías.
La apuesta de la formación morada de poner un impuesto a estas viviendas va en línea con la norma aprobada en la Comunidad Valenciana para gravar a los grandes tenedores cuyas viviendas lleven más de dos años vacías.
