El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Informe de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Se trata de un texto elaborado por la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias y que incluye por sorpresa el compromiso de regular el precio de los alquileres.
En este documento se insiste en que la futura Ley de Vivienda, que negocian PSOE y Podemos con posturas enfrentadas, debe habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a «declarar zonas de ‘mercado tensionado’, donde se hayan producido subidas abusivas y a regular los precios del alquiler«.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha mostrado el rechazo del partido socialista a regular el precio de los alquileres. Este era uno de los pactos del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Y de hecho, Podemos parece que ha ganado el último pulso.
Qué dice el documento
Pese a que las directrices aprobadas tienen un amplio margen de puesta en marcha con horizonte en 2030, la regulación de los precios del alquiler será una de las iniciativas que antes se consoliden.
«Dicha cuestión será, tal y como establece el compromiso del Gobierno de España, una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda«, incide el documento.
En él también se aborda cuestiones referentes a los procedimientos de desahucio sobre los que destaca la necesidad de garantizar opciones habitacionales, mediante «medidas para asegurar el realojo inmediato, alternativas de alquiler social y el establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de dicho procedimiento», destaca.
Incentivos fiscales y otras opciones
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha querido recalcar que el informe aprobado «es compartido por todos los miembros de este órgano y con independencia de la paternidad o maternidad del departamento que lo pone sobre la mesa».
En esa línea, la ministra ha recordado que el acuerdo de coalición ya incluía este tipo de acción, pero expone que el escenario tras la pandemia es «radicalmente distinto» con un descenso de oferta en los pisos de alquiler turístico vacacional por la fuerte caída de visitas extranjeras.
Sobre la mesa, Montero recuerda la posibilidad de aplicar incentivos fiscales, como sugiere el Mitma, aunque no descarta la aplicación de «cualquier otro instrumento», matiza.
Expropiaciones
Precisamente este martes, el conseller de Movilidad y Vivienda balear, Josep Marí, ha firmado la primera resolución por la que el Gobierno inicia la expropiación temporal de 56 viviendas vacías de grandes propietarios, durante siete años.
La cesión de uso temporal está recogida en la Ley de Vivienda de las Islas Baleares aprobada en 2018 y permite ‘rescatar’ pisos para habitantes de la comunidad autónoma, que pagarán un alquiler adaptado a su capacidad económica y que nunca superará el 30% de sus ingresos.
