La Ley por el Derecho a la Vivienda, conocida como la nueva Ley de Vivienda, aprobada en Consejo de Ministros el pasado octubre, prosigue su periplo administrativo con el objetivo de ser aprobada a comienzos de este 2022.
Entre los órganos que deben estudiar el anteproyecto está el Consejo General del Poder Judicial que se reunirá este viernes 14 de enero en pleno extraordinario para estudiar la propuesta de informe.
De momento el órgano judicial ha señalado en un borrador que este anteproyecto -que define los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda y establece un régimen básico del derecho a la propiedad privada, y que incluye, entre otras medidas, normas referidas a la contención de los precios del alquiler y a la modificación de los procedimientos de desahucio-, posee deficiencias en su redacción.
«Entre otras consideraciones, la propuesta de informe advierte de la inconcreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, lo que dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar. Como ejemplo de ello, y sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, señala la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda», señalan desde el CGPJ.
También echa de menos que el anteproyecto «especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda».
Pese a su carácter básico, señala la propuesta de informe, el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho.
Falta de concreción en la intervención del alquiler
Esa falta de concreción en la Ley de Vivienda se aprecia especialmente en la intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas, señalan el órgano judicial. Se trata de uno de los puntos más polémicos de texto, criticado por muchos expertos inmobiliarios ya que creen que ahuyentará la inversión residencial en alquiler, actualmente en auge en el mercado español.
«En ese punto, el prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento. Esta solución, advierte la propuesta de dictamen, tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada.
No obstante, creen que el diseño contenido en el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas «es compatible con el derecho a la propiedad del art. 33 de la Constitución».
«La regulación adoptada no hace irreconocible dicho derecho ni niega la utilidad económica de la propiedad, por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», señalan en el CPJ.
En su borrador, el órgano de los jueces sugiere establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico.
El hecho de que estas medidas de contención de los precios estén dirigidas a los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado –declaración cuya vigencia es de tres años, prorrogables-, no conlleva por sí mismo un análisis empírico del resultado de su aplicación, recuerda la propuesta de informe.
