Tras conocerse el acuerdo entre los dos socios del Ejecutivo para la aprobación de la nueva Ley de Vivienda; las reacciones del sector inmobiliario no se han hecho esperar. Esta nueva normativa, aún en fase de tramitación, debe pasar primero por el Consejo de Ministros y, posteriormente, por el Congreso de los Diputados.
La nueva regulación centra su rango de acción en cuatro puntos: penalizar la vivienda vacía con un recargo del 150% en el IBI, a ejecutar por los Ayuntamientos; la obligación de reservar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida; congelar las rentas a propietarios y ofrecer incentivos fiscales por bajarlas; y obligación de bajar los alquileres a grandes propietarios (más de 10 viviendas), está última deberá ser solicitada por cada CCAA si el mercado está tensionado.
Además, habrá un paquete adicional dentro de los Presupuestos Generales del Estado, que incluirá un cheque de 250 euros al mes a jóvenes que ganen menos de 23.725 euros. También, ayudas al arrendamiento, de hasta el 40%, a familias en dificultades económicas.
Fondos internacionales
De momento los grandes tenedores de vivienda, como fondos de inversión internacionales, no han querido pronunciarse públicamente. Fuera de micros, se muestran cautelosos antes las consecuencias y esperan a conocer todos los detalles en los próximos días para valorarlo.
APCE/Asprima
Ambas organizaciones han emitido un texto común. Aseguran que «se verán perjudicadas las empresas que invierten y crean empleo en el sector y la falta de seguridad jurídica provocará una contracción de la actividad en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que implementen estas medidas».
Añaden que donde se han probado estas medidas no han funcionado. Pone como ejemplo Cataluña donde el 55,3 % ha parado la inversión esperando un nuevo escenario, el 31,6% ha reducido su inversión y el 13,1% ha trasladado su inversión a otro territorio.
Mikel Echavarren, CEO de Colliers España
El máximo responsable de una de las grandes consultoras inmobiliarias presentes en España aseguró en un comunicado a los medios, que «el riesgo de bajadas de rentas en zonas declaradas tensionadas por ayuntamientos abre un reino de Taifas en el mercado inmobiliario español y anulará la inversión en localizaciones consideradas de alto riesgo para los inversores».
Sobre las rentabilidades del inmobiliario y los márgenes, Echavarren cree que «la rentabilidad neta de las inversiones en vivienda en alquiler se sitúa, con una correcta gestión, en torno al 3-4% de la inversión. Incrementar los costes fiscales y rebajar las rentas directamente provocará la paralización de nuevas inversiones. La fiscalidad de los grandes tenedores de viviendas es ya muy negativa, ya que no pueden recuperar el IVA de sus inversiones, de sus proveedores de servicios, mantenimiento y rehabilitaciones. Hablar de retirar sus “privilegios fiscales” es un concepto poco afortunado».
Por último, concluye que a pesar de estar «pendiente de ver en qué consiste la obligación de dedicar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. Si esta medida sigue las tomadas por el Ayuntamiento de Barcelona provocará el mismo resultado que en dicha ciudad, la paralización de nuevas promociones».
Paloma Martín, Consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid
La Consejera atacó duramente la propuesta: «El sectarismo ideológico no puede poner en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia invertidos en un piso. El 90% de las viviendas que están en el mercado son de pequeños propietarios, que en muchos casos tienen el precio del alquiler como complemento a su renta o incluso como fuente de ingresos principal.
Además, prometió que la Comunidad de Madrid defenderá a los propietarios de vivienda: «Estaremos atentos al texto, pero si su aplicación dependiera de las CCAA, buscaríamos cómo blindarnos frente a políticas intervencionistas para proteger a los propietarios.
Con las limitaciones que se plantean en esta ley, los promotores saldrán del país y se marcharán las inversiones». Completo que «el modelo de la región es justo el contrario: dar certezas y seguridad jurídica a los propietarios, poner suelo en el mercado, ampliar la oferta de vivienda pública y ayudar a los jóvenes».
Carmen Panadero, presidenta de Wires
Panadero cree que esto tendrá repercusiones «tanto para la buena salud del mercado inmobiliario como para la ejecución de los fondos europeos NextGen». En un mensaje enviado a Brainsre.news, considera que tendrá efecto en el «encarecimiento de la vivienda e impulso de la economía sumergida; discriminación del inquilino; inseguridad jurídica; poco mantenimiento e incluso abandono del parque en alquiler y, desde luego, espantada de la inversión en nuestro país, perdiendo así el atractivo inversor».
Concluye que, «medidas como considerar gran tenedor a aquellos que dispongan de 10 o más viviendas u obligar a los promotores a reservar un 30% de los proyectos para vivienda protegida, son iniciativas que lejos de apostar por la creación de un parque público de alquiler liderado por la Administración y en colaboración privada, traspasan al sector privado toda la responsabilidad. Pone de ejemplo lo ocurrido en otras comunidades, en las que se ha visto caer las nuevas licencias de obra nueva si entra en vigor esta nueva norma.
Portales inmobiliarios
Los principales portales de venta y alquiler inmobiliaria han mostrado su opinión al respecto. En el caso de Pisos.com, la han calificado de «poco efectiva». Una de las cuestiones que más preocupa es “qué se va a determinar como zona tensionada, quién va a determinar qué es una zona tensionada y cómo se va a gestionar la definición de qué es una zona tensionada”; según explica su director de estudios, Ferran Font. Por último, asegura que esto solo va a desincentivar la inversión y a un envejecimiento del parque de inmuebles existente, además de proliferar la economía sumergida.
Fotocasa coloca la pelota en el tejado del Ejecutivo: «La solución más eficaz para evitar subidas abusivas en el precio del alquiler pasa por ampliar el parque de vivienda en renta y fomentar el aumento de la vivienda social de alquiler«. En la parte positiva, sí reconocen que el cheque de 250 euros servirá para reducir la edad media de emancipación.
Emiliano Bermúdez, subdirector de Prontopiso, cree que «el intervencionismo no es bueno nunca». Opina que este intervencionismo es muy difícil de explicar en un estado donde la propiedad privada y el mercado libre. Por el contrario, cree que el destinar el 30% de las promociones a vivienda social es interesante, pero está por los desembolsos que hará el Estado para ello: «Como concepto está bien, pero el capital es escaso».
