La vivienda asequible se ha situado en el centro del debate inmobiliario en Madrid durante la XI edición del Encuentro de Financiación Inmobiliaria de Madrid (Efimad), organizado por CaixaBank y ASPRIMA. El foro ha reunido a representantes de las principales administraciones públicas y a destacados actores del sector para analizar cómo responder al creciente desequilibrio entre oferta y demanda.La jornada fue inaugurada por Marc Benhamou, director de Banca de Empresas de CaixaBank, y por Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA. La conducción del acto corrió a cargo del director general de ASPRIMA, Jorge Ginés.
Uno de los mensajes más contundentes llegó desde el Ayuntamiento de Madrid. El delegado del área de Gobierno de Políticas de Vivienda, Álvaro González López, aseguró que «en Madrid hemos desbloqueado suelo que llevaba años paralizado para construir 200.000 viviendas en la próxima década, y la mitad de ellas tendrá algún régimen de protección». El responsable municipal subrayó que este impulso supondrá «un incremento del 15% del parque residencial actual y un ensanche de la ciudad de Madrid en 56 km2, lo que equivale a la ciudad de Luxemburgo». Además, destacó que no solo se trata de construir más, sino de hacerlo en menos tiempo, tras reducir los plazos de concesión de licencias en un 31%.
Según detalló, desde la llegada del alcalde José Luis Martínez-Almeida, el patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo se ha incrementado en casi 3.600 pisos, hasta alcanzar cerca de 10.000 viviendas. En la actualidad, el consistorio promueve 5.763 nuevas viviendas, entre ellas las 2.200 previstas a través del Plan Suma Vivienda en colaboración público-privada. «Durante los mandatos de Almeida, el Ayuntamiento, a través de EMVS Madrid, ha finalizado e impulsado 9.290 viviendas, con una inversión global de 1.456 millones de euros», resumió González López.
Colaboración público-privada y fondos europeos
Desde la Comunidad de Madrid, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, puso como ejemplo el Plan VIVE. Lo definió como «un modelo basado en contratos estables, esquemas concesionales sólidos, rentas reguladas pero viables y la atracción de capital institucional que ha permitido poner en marcha miles de viviendas». También destacó el papel de los fondos europeos, que calificó como «una oportunidad extraordinaria» para impulsar la rehabilitación, la eficiencia energética y la vivienda asequible en alquiler. No obstante, advirtió de que su impacto dependerá de su integración en proyectos financieramente viables y con estabilidad jurídica.
En representación del Gobierno central, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, defendió que «la colaboración entre administraciones y la cooperación público-privada son imprescindibles para afrontar el reto del acceso a la vivienda». Como ejemplo, citó el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos, que ha permitido superar el objetivo inicial de 20.000 viviendas hasta alcanzar más de 25.000.
Lucas avanzó que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros junto a las comunidades autónomas. También anunció nuevos instrumentos como el Fondo España Crece, dotado con 10.500 millones de euros a través del ICO, para facilitar financiación y dinamizar la construcción bajo el principio de reforzar la seguridad jurídica.
Un déficit que amenaza con duplicarse
Desde el ámbito empresarial, Carolina Roca lanzó un mensaje directo al conjunto del país. «Duplicar la construcción de vivienda es un desafío urgente que como país no podemos seguir posponiendo», afirmó. La presidenta de ASPRIMA reclamó medidas de choque durante un periodo excepcional de varios años que permitan un cambio de paradigma en el urbanismo. En este sentido, señaló que 2026 será clave con la tramitación en la Comunidad de Madrid de la Ley para el Impulso del Desarrollo Equilibrado de la Región (Lider), que aspira a convertir a Madrid en una región metropolitana capaz de alojar a más de un millón de personas en diez años.
«Solo el éxito de esta ley, y el consiguiente cambio de paradigma, propiciará que podamos recuperar el ritmo de producción de 250.000 viviendas al año», concluyó. El objetivo, según explicó, es sentar un modelo exportable al resto de comunidades autónomas.
El diagnóstico más preocupante lo aportó Mikel Echavarren, presidente y CEO de Colliers. Alertó de que «el déficit de 700.000 viviendas de hoy se puede incrementar hasta los dos millones en los próximos diez años». Superar ese desequilibrio estructural, añadió, podría costar «entre dos y tres generaciones» y requerirá necesariamente inversión privada. La advertencia marcó el tono de los debates posteriores, centrados en cómo hacer viable la vivienda asequible.
En la mesa sobre Build-to-Sell, los promotores coincidieron en que el problema no es tanto la falta de suelo como la escasa edificabilidad. También alertaron de que la carga fiscal supera el 25% del coste total de la vivienda, lo que dificulta ofrecer precios razonables. Los participantes defendieron que sin una urbanización más ágil y sin contener los costes de construcción será complicado ampliar la oferta. En este contexto, señalaron la industrialización como una palanca imprescindible para ganar eficiencia.
En el debate sobre Build-to-Rent, los expertos insistieron en que la industrialización es clave para acelerar los plazos y dar respuesta a la demanda. También subrayaron que la falta de seguridad jurídica y de estructuras financieras adecuadas limita los proyectos con vocación de permanencia.
La jornada se cerró con el análisis de Pedro Álvarez, economista de CaixaBank Research. Explicó que el mercado residencial sigue en fase expansiva, apoyado por el crecimiento económico, la creación de empleo y una demografía dinámica. Sin embargo, advirtió de un «profundo desequilibrio estructural entre una demanda en máximos y una oferta claramente insuficiente». Desde 2020, el déficit acumulado supera las 700.000 viviendas, con especial concentración en provincias como Madrid, Barcelona y Valencia.
