El mercado del alquiler en España atraviesa una etapa de fuerte tensión, marcada por la escasez de oferta y el aumento continuado de los precios. En este contexto, un nuevo estudio de Spotahome, plataforma especializada en el alquiler digital de habitaciones y apartamentos de media y larga estancia, alerta de un efecto colateral preocupante de la actual regulación de vivienda. Según el informe, el 38% de los propietarios reconoce que prefiere no alquilar a familias con niños. Esta decisión no responde, según el análisis, a una cuestión personal, sino al temor a los riesgos económicos y legales que perciben en el entorno actual.
«El mercado del alquiler en España se encuentra en un momento crítico, marcado por la escasez de oferta y la escalada de precios», afirma Eduardo Garbayo, CEO de Spotahome. Aunque las medidas gubernamentales buscan proteger a los inquilinos, añade, «en ocasiones, estas dinámicas están generando un efecto contrario y no deseado». El directivo advierte de que la vulnerabilidad de ciertos colectivos puede verse agravada. A su juicio, esto ocurre «no por mala voluntad del propietario, sino por un sistema que traslada responsabilidades que corresponden al Estado».
Inseguridad jurídica y miedo al riesgo
El estudio identifica la inseguridad jurídica como uno de los principales motores de la creciente selectividad. Ante el miedo a impagos, ocupaciones ilegales o desperfectos, muchos propietarios optan por reducir riesgos desde el primer filtro. Un 61% señala los impagos como su mayor inquietud. A ello se suman la ocupación ilegal, que preocupa al 58%, y los daños a la propiedad, mencionados por el 57%.
Además, el 56% muestra inquietud por los cambios constantes en la legislación. Esta percepción de inestabilidad normativa genera un clima de incertidumbre que influye directamente en la decisión de sacar o no una vivienda al mercado. En este escenario, el 38% de los propietarios admite excluir a familias con niños como medida preventiva. «Este criterio no es arbitrario, sino una consecuencia directa de un marco legal que, al intentar proteger con buena intención a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, traslada la carga de dicha protección a los propietarios», sostiene Garbayo.
El resultado, según el CEO, es que «se limitan las opciones para estos grupos, a quienes les resulta cada vez más difícil acceder a una vivienda digna». Así, una normativa diseñada para corregir desigualdades puede terminar estrechando aún más el acceso al alquiler para determinados perfiles. La discriminación no afecta únicamente a familias con hijos. El 34% de los propietarios reconoce que también evita alquilar a personas con mascotas por el riesgo de posibles daños en la vivienda.
Un propietario más selectivo ante el desequilibrio
El informe dibuja además el perfil del arrendador en España. Se trata mayoritariamente de personas de mediana y tercera edad: el 40% tiene más de 60 años y otro 40% se sitúa entre los 46 y 60. Más de la mitad, el 56%, dispone de una sola vivienda en alquiler. Otro 36% posee entre dos y cuatro inmuebles, lo que indica que muchos dependen de esas rentas como complemento esencial a sus ingresos o pensiones.
En un mercado con un «desequilibrio brutal entre oferta y demanda», como lo describe Garbayo, el propietario ha ganado capacidad de elección. «Esta percepción de inseguridad jurídica para alquilar está suponiendo que menos propietarios pongan su vivienda en alquiler y que, aquellos que lo hacen, se curen en salud con la elección del inquilino», afirma.
El resultado es un endurecimiento de las condiciones y un filtro más estricto. «El propietario se ha vuelto extremadamente más selectivo, y descarta a aquellos inquilinos en los que percibe un mayor riesgo en el caso de que haya problemas», añade. En el segmento del alquiler de temporada, los perfiles mejor valorados son los estudiantes, que representan el 45% de los inquilinos. Les siguen los profesionales jóvenes, con un 24%, grupos que suelen contar con el aval de sus padres y que, según el estudio, generan mayor sensación de seguridad.
«La realidad es que si los propietarios se sienten protegidos frente a esos riesgos, no ven la necesidad de excluir perfiles de inquilinos ni de extremar las condiciones del alquiler», subraya Garbayo. Por ello, la seguridad jurídica aparece como un elemento clave para ampliar el parque de viviendas disponibles.
