En concreto, y tras varias semanas de negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva suspensión de los desahucios mientras dure el Estado de Alarma, con fecha límite hasta el próximo 9 de mayo.
Además de la ampliación del plazo, ¿cuál es la novedad principal? El decreto extiende la suspensión a todas las personas vulnerables y no solo a las vulnerables por causa del Covid, como estaba en vigor hasta el 31 de enero. Es decir, aumenta la masa de potenciales inquilinos que podrán acogerse a la medida, si argumentan su situación anterior a la pandemia.
El procedimiento
Para poder acogerse a la medida, es la persona afectada por el lanzamiento la que tiene que presentar su solicitud de aplazamiento. El juzgado deberá entonces solicitar un informe a los servicios sociales que acredite la vulnerabilidad al tiempo que la comunidad autónoma busca una alternativa habitacional.
Si no la consigue, se suspende el lanzamiento. “Se trata de motivar la búsqueda de alternativa habitacional”, ha asegurado en su intervención el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
Compensaciones al propietario
De no haber alternativa, el propietario de la vivienda podrá solicitar una “compensación” del Estado, sea un gran o pequeño tenedor.
Para calcular dicha compensación, el Ministerio acudirá al índice de referencia de precios del alquiler que publicó el pasado mes de junio y que estaba pensado como herramienta para la regulación del alquiler.
Y aquí está la primera laguna jurídica y legal: hay que tener en cuenta que la aplicación de dicho índice y su propia validación aún no se ha aprobado.
Según ha anunciado Ábalos, la suspensión de lanzamientos se extiende a otro colectivo: el de personas sin contrato de alquiler, y aquellas que ocupen viviendas “sin que haya mediado ni violencia, ni intimidación ni ninguna acción y lícita” y que en ningún caso sean la residencia habitual o segunda vivienda de nadie. Y aquí está la segunda gran fuente de discordias, y litigios futuros.
Asval alerta de una oleada de reclamaciones
El decreto aprobado hoy ha levantado críticas provenientes por ejemplo, de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que asegura que «abre la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales al Gobierno por responsabilidad patrimonial, ya que se atenta contra el derecho a la propiedad privada«.
Además, en su opinión, el Estado tendrá que asumir responsabilidad penal, ya que el propietario no podrá garantizar la seguridad de los inmuebles ocupados. También se pone en riesgo la tutela judicial efectiva.
Ayudas al comercio
El decreto viene también con un paquete de ayudas por importe de 4.220 millones de euros para la hostelería, el turismo y el comercio, tres de los sectores más afectados por la crisis sanitaria.
De esa cantidad, unos 2.000 millones de euros serán para hacer frente al pago de alquileres de locales, tributación por módulos y exoneraciones de cuotas de Seguridad Social, y cerca de otros 2.000 millones para moratoria de pagos, según explicó la ministra Portavoz, María Jesús Montero.
La ministra aseguró que el Gobierno ha preferido estas formas de ayuda al turismo, el comercio y la restauración, en lugar del cheque directo puro que han elegido otros países.
El plan prevé medidas dirigidas a facilitar el pago de alquileres de locales. En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales), el arrendatario que sea pyme o autónomo podrá optar por una reducción del 50 por ciento del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas, y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma.
También podrá elegir una moratoria en el pago del arrendamiento durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma.
El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.
El número potencial de locales beneficiarios serían 190.000, de los que 33.000 corresponderían a locales relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.
Para el resto de arrendadores de locales, se establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
Así, se permitirá computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses.
Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones y permite deducir hasta el cien por cien de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a la medida.
Contratación pública para gestionar ayudas
En la rueda de prensa se ha señalado que para poder absorber y ejecutar el plan de ayudas procedentes de la Unión Europea, se ha diseñado un plan para flexibilizar la contratación y los procedimientos del sector público.
Entre las medidas que ha apuntado, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que los distintos ministerios podrán dedicar a parte de su personal exclusivamente a estos planes, así como incorporar a nuevos empleados para gestionar el plan de ayudas. “Se trata de dar eficiencia y tener los recursos humanos bien localizados”, ha señalado durante la rueda de prensa.
Y en esa línea de añadir gestión, se crearán cinco nuevos órganos de gobernanza de los fondos, que pasan en primer lugar por una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá el presidente, Pedro Sánchez y en la que participarán todos los ministros.
El Consejo de Ministros también ha reabierto el plazo de solicitud para pedir el subsidio de 430 euros para parados que agotaron sus prestaciones de desempleo durante el primer estado de alarma, y alarga el plazo un mes más.
Brainsre.com Plataforma de Big Data inmobiliario
Las ‘okupaciones’ conflictivas suponen una minoría de los casos, pero este problema en sí genera inseguridad, malestar y conflictividad en las zonas con elevadas tasas de okupación, además de la pérdida de valor de entre un 40% y un 60% que supone para los inmuebles que han sido ocupados.
Ante tal incertidumbre, desde Brainsre.news hemos hecho un análisis del riesgo de ocupación que pueden sufrir por distritos las principales ciudades del país: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. Para ello, se han utilizado los datos de la plataforma de big data inmobiliario Brains RE, que proporciona un índice de riesgo de ocupación generado a partir de diferentes variables como la morosidad, los okupas ilegales sobre el ratio de población o áreas conflictivas, datos que generan una clasificación de la A a la F, considerando de menos a más la probabilidad de ‘okupación’.
Así, en Madrid capital, los distritos de Usera, Villa de Vallecas, Vicálvaro y, sobre todo, Villaverde son las zonas donde el riesgo de ocupación es más elevado que en el resto de distritos.
