El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado una nueva iniciativa destinada a movilizar viviendas vacías en municipios afectados por la despoblación. El programa, denominado ‘Moviliza tu vivienda rural’, pretende incorporar al mercado del alquiler inmuebles actualmente desocupados con el apoyo directo de los ayuntamientos. El vicepresidente primero del Ejecutivo, José Luis Martínez Guijarro, lo ha definido como un modelo «llave en mano» pensado para facilitar la participación de los propietarios.
La medida surge en un contexto de crecimiento demográfico en determinadas zonas rurales de la región. Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, la aplicación de la Ley de Medidas contra la Despoblación ha permitido sumar 4.700 habitantes desde 2021. Este incremento ha provocado un aumento de la demanda de vivienda en numerosos municipios pequeños.
El planteamiento del programa se basa en la colaboración entre propietarios y administraciones locales. Los dueños de viviendas vacías podrán cederlas a los ayuntamientos para su gestión en régimen de alquiler asequible. «Todo ello está pensado para dar seguridad a los propietarios», ha señalado Martínez Guijarro al presentar la iniciativa.
Un sistema de incentivos económicos para sacar vivienda vacía al mercado
El primer paso del programa se materializará la próxima semana con la publicación de la convocatoria de expresiones de interés en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Esta convocatoria estará dirigida a los ayuntamientos, que deberán identificar y cuantificar las viviendas vacías o en desuso susceptibles de incorporarse al programa. El objetivo es conocer con precisión el potencial de vivienda disponible en cada localidad.
El Ejecutivo regional ha diseñado un paquete de ayudas para incentivar la participación de los propietarios. Entre ellas, destacan subvenciones de hasta 12.000 euros para la rehabilitación y equipamiento de las viviendas antes de su cesión. A ello se suma una ayuda mensual que, una vez el inmueble esté alquilado, puede alcanzar los 600 euros. El compromiso económico no finaliza durante el periodo de arrendamiento. Una vez concluido el contrato, los propietarios podrán recibir hasta 18.000 euros por vivienda. Esta cuantía permitirá cubrir hasta el 100% de las obras necesarias para devolver el inmueble a su estado inicial tras los siete años de cesión previstos.
Los ayuntamientos, pieza clave y requisitos para los futuros inquilinos
Los ayuntamientos desempeñarán un papel central en la ejecución del programa. Serán responsables de gestionar los alquileres y de coordinar la puesta en marcha del sistema en sus respectivos municipios. Además, deberán implantar un seguro de rentas y un programa de acompañamiento para los nuevos vecinos que se establezcan en la zona. Entre las obligaciones municipales también se incluye la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Esta medida pretende reducir los costes asociados a la rehabilitación y facilitar la adhesión de los consistorios al programa. El objetivo es que las entidades locales actúen como motor de integración de nuevos habitantes.
En cuanto a los beneficiarios, podrán acceder a estas viviendas personas inscritas en los registros de demandantes de vivienda. En los municipios donde este registro no exista o esté agotado, el acceso se limitará a personas con ingresos de hasta cinco veces el IPREM. En todos los casos, el alquiler no podrá superar los 600 euros mensuales. El vicepresidente ha explicado que esta iniciativa se suma al conjunto de medidas incluidas en el Plan Estatal de Vivienda. Este plan contempla ayudas de hasta 35.000 euros para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes. También incluye subvenciones de 15.000 euros para la compra de vivienda por parte de jóvenes.
Asimismo, la región mantiene deducciones fiscales vinculadas a la Ley de Medidas contra la Despoblación para la adquisición y rehabilitación de vivienda. Según los datos facilitados, el año pasado se beneficiaron de estas medidas cerca de 2.300 personas. El Ejecutivo regional enmarca todas estas actuaciones dentro de una estrategia más amplia para frenar la despoblación y reforzar el atractivo del medio rural.
