La política de vivienda de la Unión Europea entra en una nueva fase con un mensaje claro desde Bruselas. El comisario de Vivienda, Dan Jørgensen, ha rechazado que los fondos comunitarios se utilicen como un incentivo para empresas constructoras y ha defendido que su destino debe ser estrictamente social. Sus declaraciones se produjeron este jueves en Malmö (Suecia), durante un acto con motivo del centenario de la Unión Internacional de Inquilinos.
El contexto es una crisis de acceso a la vivienda que se ha agravado en los últimos años en toda Europa. Según los datos mencionados por el propio comisario, el precio de la vivienda en la Unión Europea ha aumentado alrededor de un 60% desde 2013, lo que ha dificultado especialmente el acceso de jóvenes y familias con rentas medias y bajas. Jørgensen insistió en que la respuesta debe ser más ambiciosa desde las instituciones europeas. En este sentido, abogó por incrementar la financiación destinada a vivienda asequible dentro del presupuesto comunitario.
Más fondos, pero con finalidad social
El comisario dejó claro que el aumento de recursos debe ir acompañado de una definición estricta de su uso. «Es fundamental que deberíamos usar ese tipo de dinero principalmente donde el mercado no funciona», afirmó, subrayando que no se trata de un apoyo a la inversión privada.
En esa línea, fue contundente al rechazar cualquier interpretación empresarial de estos fondos. «No es un apoyo económico para que las empresas inviertan en la construcción de viviendas; es algo que hacemos por el bien de la sociedad», señaló. Jørgensen defendió que la vivienda debe entenderse como un derecho básico y no como un activo financiero. «La vivienda nunca puede ser como el oro, que se compra, se guarda y se vende cuando el precio es el adecuado», recalcó, insistiendo en que el problema requiere una respuesta política urgente.
El responsable europeo también admitió que todavía no existe un diagnóstico completo sobre las causas del encarecimiento. «Debemos ser honrados y decir que aún no tenemos una visión general exacta de cuáles son las razones y los factores que impulsan el mercado«, reconoció, aunque aseguró que la Comisión sigue trabajando en ello.
La futura Ley de Vivienda Asequible y el papel de las ciudades
La Comisión Europea prevé presentar antes del verano una Ley de Vivienda Asequible, actualmente en fase de preparación. Este paquete legislativo busca ofrecer un marco común para abordar la crisis habitacional en los Estados miembros, especialmente en las grandes ciudades. Uno de los objetivos es reforzar la capacidad de actuación de las autoridades locales. Jørgensen señaló que algunas ciudades ya intentan intervenir en el mercado, pero se encuentran con limitaciones legales dentro del mercado interior europeo. «Quieren tomar medidas al respecto y no pueden hacerlo», explicó.
La nueva normativa establecerá criterios para identificar zonas de estrés habitacional, lo que permitirá aplicar medidas específicas en áreas donde la presión sobre el mercado es mayor. Además, se pretende dar mayor seguridad jurídica a los gobiernos locales para intervenir con más claridad. El comisario defendió que la Comisión debe ofrecer herramientas reales a las ciudades. «Necesitamos crear certeza y proporcionar a las ciudades las herramientas que necesitan», afirmó, en referencia a la falta de margen de actuación actual.
Alquiler turístico: regular sin prohibir
Uno de los puntos más sensibles de la futura regulación será el alquiler turístico de corta duración, que ha crecido de forma notable en los últimos años en muchas ciudades europeas. La Comisión reconoce que este fenómeno reduce la oferta de alquiler residencial y contribuye al aumento de precios. Jørgensen defendió que las autoridades locales deben poder limitar este tipo de actividad en función de sus necesidades. Entre las opciones planteadas se encuentran establecer un número máximo de viviendas destinadas al alquiler turístico o restringir su uso en determinadas épocas del año.
Sin embargo, el comisario descartó una prohibición total a nivel europeo. «La senda de la Comisión no será prohibirlo por completo en Europa, ya que también puede ser beneficioso», explicó, aludiendo a su impacto positivo en algunas economías locales.
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