La entidad pública Casa 47 ha acordado iniciar acciones para reclamar daños y perjuicios a una empresa que abandonó de forma injustificada el concurso para gestionar el nuevo parque estatal de vivienda. La decisión se adopta tras analizar la retirada de una de las compañías que concurrían a la licitación del contrato de gestión. Según publica Europa Press, la empresa afectada es Procuradores Gestimed. Esta firma formaba parte de las 12 compañías que se presentaron a un concurso público valorado en 62 millones de euros.
En concreto, la empresa optaba a tres lotes correspondientes a nueve comunidades autónomas por un importe conjunto de 47 millones de euros. Sin embargo, tres semanas después de haber sido admitida en el proceso, solicitó el pasado 12 de febrero su exclusión. La compañía alegó «motivos internos de organización y estrategia empresarial» para justificar su retirada. No obstante, la mesa de contratación considera que esas razones no están suficientemente fundamentadas.
«No parece que los motivos internos de organización y de estrategia empresarial alegados, sin especificar ningún tipo de información adicional ni aportar documentación acreditativa de ello, pueda constituir una justificación de la retirada de la proposición«, señala el órgano en su valoración. Con base en esta interpretación, se ha propuesto iniciar la reclamación de los posibles perjuicios ocasionados. Además, la entidad pública estudiará si procede declarar a la empresa como prohibida para contratar nuevamente con la Administración.
La mesa de contratación, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, elevó ambas propuestas al órgano competente. Las dos decisiones ya han recibido el visto bueno correspondiente.
Un contrato clave para el parque público de vivienda
El contrato de gestión impulsado por Casa 47 constituye una pieza esencial en la puesta en marcha del nuevo modelo de administración del parque público de vivienda en España. La entidad asumirá la gestión integral del ciclo residencial de los inmuebles incorporados al patrimonio estatal. Las empresas adjudicatarias deben acreditar experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social durante al menos un año en los últimos tres. Se trata de un requisito destinado a garantizar que los operadores cuentan con conocimientos específicos en este ámbito.
El contrato abarca desde la recepción e incorporación de las viviendas hasta su preparación para ser puestas a disposición de la ciudadanía. También incluye la adecuación física de los inmuebles y todas las gestiones legales y administrativas necesarias. La futura adjudicataria deberá encargarse de la formalización de arrendamientos, la entrega de viviendas y la atención a las personas solicitantes. Asimismo, tendrá que implantar sistemas de gestión de contratos y pagos, así como canales de comunicación con las unidades de convivencia inquilinas.
Entre las obligaciones figuran también servicios de prevención y detección temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda. El contrato contempla, además, el acompañamiento de colectivos vulnerables para evitar desahucios o abandonos.
Empresas admitidas y exclusiones en el proceso
El listado de compañías que continúan en la licitación incluye a Ahora Asset Management-RTA, Alquiler Seguro, Dovalue, Emerald ImpactGuinot Prunera-Ingeus-Fantastic, Serveo-La Factoría, M&P Ledesma y Asociados-Fundació Hàbitat-Property Technology, Provivienda, Savills, Servihabitat y Solvia. Todas ellas siguen en el proceso tras la salida de Procuradores Gestimed.
Por su parte, Hipoges fue excluida al no presentar correctamente la documentación de subsanación requerida. Esta firma había estado controlada hasta hace poco por la estadounidense KKR y actualmente pertenece al fondo británico Pollen Street.
