El Ayuntamiento de Carlet activará el lunes una ordenanza municipal pionera para frenar la ocupación ilegal de viviendas en el municipio. La medida contempla sanciones de hasta 3.000 euros para quienes ocupen inmuebles o provoquen daños significativos, así como multas más leves para los propietarios que incumplan las obligaciones de mantenimiento y seguridad, según informa Levante-EMV.
El texto, aprobado por el consistorio, surge ante el “fenómeno creciente de la ocupación ilegal de inmuebles” y busca “asegurar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público” en la localidad. La norma exige a los titulares de viviendas desocupadas, tanto personas físicas como jurídicas, mantener los inmuebles en condiciones óptimas y adoptar medidas de protección que impidan su uso indebido.
Entre las actuaciones que podrá ordenar el ayuntamiento figuran la limpieza de los inmuebles, la reparación de sistemas básicos como agua o electricidad, y el refuerzo de accesos mediante cerraduras de alta seguridad o sistemas de vigilancia. Además, el consistorio creará un registro municipal de viviendas vacías y podrá requerir a los propietarios que, en un plazo máximo de dos meses, inicien procedimientos judiciales para el desalojo de ocupantes ilegales.
La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, destacó que el objetivo de la ordenanza “no es recaudatorio”, sino “dotar a los ayuntamientos de herramientas efectivas para combatir un problema de convivencia que afecta a los vecinos”.
