Las comunidades de propietarios de Barcelona cuentan con más margen para acogerse a las ayudas destinadas a limitar el uso turístico de las viviendas en sus edificios. El presupuesto de la convocatoria se ha ampliado de los 56.000 euros previstos inicialmente hasta los 256.000 euros, mientras que el plazo para presentar solicitudes se prolonga hasta el próximo 31 de diciembre. El programa permite financiar una parte de los gastos que deben afrontar las comunidades cuando deciden modificar sus estatutos para prohibir expresamente los pisos turísticos o determinadas actividades económicas que puedan afectar a la convivencia en la finca.
La ampliación responde a una demanda superior a la que se había calculado inicialmente. La primera convocatoria se puso en marcha en febrero y, desde entonces, se han recibido más de 80 solicitudes, una cifra que ha llevado a ampliar tanto los recursos disponibles como el periodo para pedir las subvenciones. La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lérida, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y el Ayuntamiento. El objetivo de las ayudas es facilitar a las comunidades el proceso necesario para establecer en sus estatutos la limitación del uso turístico.
La cuestión de los pisos turísticos mantiene un papel relevante dentro del debate sobre la vivienda en Barcelona. En este sentido, Barcelona eliminará todas las viviendas turísticas en 2029, una de las medidas que ha marcado la evolución reciente de la regulación de este tipo de alojamientos en la ciudad.
Hasta 2.500 euros por comunidad
Las subvenciones cubren hasta el 50% de los gastos de gestión vinculados a la modificación o creación de los estatutos. Entre los costes que pueden quedar incluidos se encuentran los relacionados con la notaría, el registro y los honorarios de profesionales que intervengan en el proceso. La cuantía máxima depende de si la comunidad parte de unos estatutos que ya existen o si necesita elaborar unos nuevos. En el primer supuesto, cuando se modifican los estatutos vigentes, la ayuda puede alcanzar los 1.500 euros.
En cambio, las comunidades que creen sus estatutos desde cero pueden solicitar hasta 2.500 euros. En ambos casos, la subvención está destinada a cubrir una parte de los gastos necesarios para incorporar las limitaciones de uso previstas en el programa. La convocatoria se enmarca además en un escenario en el que las comunidades de propietarios han adquirido un mayor protagonismo a la hora de decidir sobre los pisos turísticos. El Supremo respalda el veto de los alquileres turísticos por mayoría de tres quintos, una cuestión que ha reforzado el papel de las comunidades en este ámbito.
Qué requisitos deben cumplir las comunidades
Para poder acceder a las ayudas, la comunidad debe aprobar la creación o modificación de sus estatutos e incluir de forma expresa la prohibición del uso turístico. También puede establecerse la prohibición de actividades económicas que puedan alterar la convivencia entre los vecinos. El texto aprobado no puede ser cualquiera, ya que debe ser homologable a la cláusula establecida por la Cámara de la Propiedad Urbana, el Colegio de Administradores de Fincas y el Ayuntamiento. De este modo, la modificación debe ajustarse al modelo previsto por las entidades que participan en el programa.
Otro de los requisitos fundamentales es la inscripción registral. Los nuevos estatutos, o las modificaciones realizadas sobre los existentes, deben elevarse a documento público e inscribirse correctamente en el Registro de la Propiedad para que tengan validez frente a terceros. La comunidad también debe encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales. Esto implica no tener deudas pendientes con el Estado, la Generalitat ni la Seguridad Social en el momento de solicitar la subvención.
La ampliación del presupuesto permitirá, por tanto, atender un número mayor de solicitudes que el inicialmente previsto. Con los recursos disponibles, las comunidades que quieran establecer estas limitaciones disponen ahora de un periodo más amplio para completar los trámites y solicitar el apoyo económico.
