El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido dar un paso más frente a la crisis de vivienda que afecta a la ciudad. El gobierno municipal ha facultado a su sociedad de urbanismo, Geursa, para que ejerza como ‘casero’ en las promociones de alquiler asequible. La medida forma parte de un paquete de diez actuaciones con las que el Consistorio quiere intervenir para garantizar el derecho a la vivienda.
La alcaldesa, Carolina Darias, presentó el plan junto a sus socios de gobierno, Pedro Quevedo (NC) y Gemma Martínez (Podemos). Según explicó, se trata de «optimizar lo que ya existe» y reforzar las políticas iniciadas en 2023. Más del 40 % de los vecinos considera la vivienda como el principal problema de la capital grancanaria.
Geursa como gestora del alquiler asequible
El refuerzo de Geursa permitirá crear una división específica de vivienda. La empresa pública podrá ejercer el derecho de usufructo temporal y gestionar directamente los alquileres asequibles que promueva el Ayuntamiento. De este modo, asumirá el papel de arrendador en nombre del consistorio. El plan también contempla la compra de edificios completos, con fondos propios o financiación externa, para destinarlos al alquiler protegido. Además, el gobierno local buscará más suelo, tanto público como privado, para impulsar hasta 4.000 viviendas en suelos urbanos o urbanizables. Parte de esos terrenos se reservarán para vivienda protegida.
Otra de las medidas pasa por pedir a la comunidad autónoma la delegación del derecho de tanteo y retracto. Si no se transfiere esa competencia, el Ayuntamiento reclama que la ejerza el propio Ejecutivo regional, como le corresponde. El objetivo es facilitar la adquisición preferente de inmuebles estratégicos para ampliar el parque público.
Zona tensionada y control de las vacacionales
El equipo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a instar al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo a declarar la ciudad como zona tensionada. Aseguran que cumple tres de los cuatro requisitos exigidos y que esta figura permitiría bajar los alquileres entre un 5% y un 6%. El Ayuntamiento se ha encargado de que el expediente “no caduque” y celebra que, tras año y medio, el Gobierno canario haya pedido más información.
La declaración es clave, según el Consistorio, para limitar la proliferación de viviendas vacacionales. En la ciudad hay unas 25.000 viviendas vacías y alrededor de 5.000 destinadas al uso turístico. Para afrontar esta situación, se impulsarán ordenanzas provisionales que garanticen la función social de la vivienda recogida en el artículo 47 de la Constitución.
La alcaldesa reiteró que lo que se quiere combatir es «la actividad especulativa que afecta a la mayoría de la población», no la de pequeños ahorradores. El plan incluye fomentar cooperativas y viviendas colaborativas, así como crear un observatorio municipal de la vivienda que podría estar operativo a mitad de año. Con datos oficiales y nuevas herramientas, el Ayuntamiento aspira a devolver parte de las viviendas vacías al mercado del alquiler asequible y frenar la escalada de precios.
