La Asamblea de Madrid aprueba la ley Lider para agilizar la construcción de vivienda y reducir la burocracia

La nueva norma pretende reducir los plazos urbanísticos, facilitar la planificación municipal y actualizar la regulación de los espectáculos públicos.

Redacción Brainsre
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La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves a la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (Lider), una iniciativa del Gobierno autonómico que ha salido adelante con los votos favorables del PP y Vox. La normativa tiene como principales objetivos impulsar la construcción de vivienda, reducir la burocracia administrativa y otorgar mayor autonomía a los ayuntamientos en materia de planificación urbanística.

La nueva legislación pretende simplificar los procedimientos urbanísticos y establecer una visión conjunta del desarrollo de la Comunidad de Madrid, sin dejar de atender las particularidades de cada municipio. Para ello, plantea tener en cuenta aspectos como las necesidades de la población, la protección del medio ambiente y del paisaje, las infraestructuras, los servicios públicos y las características sociales, culturales y económicas de cada localidad.

Una de las principales novedades de la ley es la creación de los Planes Estratégicos Municipales (PEM), un nuevo instrumento que permitirá a los consistorios aprobar su planificación urbanística en un periodo de entre cuatro y seis años. De esta manera, se busca reducir a más de la mitad los plazos que se necesitan actualmente para completar estos procedimientos. Además, el planeamiento de desarrollo pasará de siete a cuatro años y, en determinadas circunstancias, podrá resolverse en tan solo uno mediante ordenanzas urbanísticas. La norma también incorpora mecanismos para que los ayuntamientos puedan remodelar barrios y mejorar tanto los espacios públicos como los privados sin trasladar los costes de estas actuaciones a los vecinos.

La ley también modifica la regulación de los espectáculos públicos

Más allá de las cuestiones urbanísticas, la ley Lider introduce cambios en la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar), vigente desde hace casi tres décadas. La intención es adaptar esta regulación a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que se celebran en la región. Con la nueva legislación, los municipios de más de 20.000 habitantes asumirán la autorización de las actuaciones excepcionales que tengan lugar dentro de sus respectivos términos municipales. También se actualizará el régimen de sanciones y se prohibirá utilizar llamas, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no dispongan de espacios habilitados para ello.

Durante la tramitación parlamentaria, la iniciativa ha incorporado diferentes modificaciones y, en el Pleno de este jueves, PP y Vox han acordado otras cinco enmiendas transaccionales que también han recibido el visto bueno de la Cámara. El diputado popular Enrique Serrano ha defendido el proceso de elaboración de la norma, destacando el trabajo de «análisis, diálogo y participación» realizado. A su juicio, las leyes no se «improvisan», sino que se «preparan, debaten y mejoran» para responder a los desafíos actuales. Ha explicado que el propósito no es «simplificar por simplificar», sino conseguir una planificación «más clara, más ágil y más útil» para los municipios y sus habitantes. También ha defendido la necesidad de abandonar un modelo urbanístico «excesivamente complejo» y sustituirlo por procedimientos que permitan actuar en plazos razonables.

Por parte de Vox, Beatriz Tejero ha justificado el voto favorable de su grupo por compartir los objetivos generales de la iniciativa, entre ellos acortar plazos, simplificar los instrumentos urbanísticos y facilitar la disponibilidad de suelo. Sin embargo, ha advertido de que no considera que se haya aprobado «un texto perfecto, ni siquiera un buen texto». La diputada ha reclamado una mayor seguridad jurídica y ha criticado que la ley deje demasiadas cuestiones abiertas a la interpretación y al desarrollo reglamentario. Asimismo, ha anunciado que su formación vigilará su aplicación y que, si llega a gobernar la Comunidad de Madrid, revisará la normativa para corregir los aspectos que considera mejorables.

La oposición denuncia falta de consenso y alerta sobre la vivienda

Desde el PSOE, Javier Guardiola ha cuestionado que la nueva legislación vaya a solucionar los problemas de acceso a la vivienda y ha reprochado al Ejecutivo autonómico que haya impulsado la norma «absolutamente sin consenso» y sin escuchar suficientemente a los ayuntamientos. El socialista considera que el modelo planteado puede favorecer un crecimiento urbano disperso, en el que los trabajadores tengan que alejarse cada vez más de los lugares donde han vivido para encontrar una vivienda. También ha criticado que no se establezcan límites a las compras realizadas por fondos de inversión que posteriormente pueden ofrecer alquileres a precios muy elevados.

Más Madrid ha mostrado un rechazo todavía más contundente a la iniciativa. Su diputado Juan Varela-Portas ha asegurado que la ley supondrá una degradación del entorno natural y urbano, además de generar conflictos judiciales y protestas vecinales. Ha advertido de que la normativa puede «agravar el problema que dice querer resolver», en referencia a la vivienda, y ha acusado al Gobierno regional de utilizar la planificación urbanística para impulsar operaciones inmobiliarias. También ha criticado que se reduzca la intervención pública en el urbanismo y que se abandone una visión global del territorio frente a desafíos como el cambio climático.

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