Los administradores de fincas han pedido que las obras de segregación de viviendas estén sujetas a licencia urbanística obligatoria. Consideran que la actual tramitación mediante declaración responsable resulta insuficiente ante el aumento de casos detectados en distintos edificios residenciales. El objetivo, señalan, es reforzar el control y evitar problemas posteriores en las comunidades de propietarios.
La preocupación surge por el incremento de propietarios que optan por dividir antiguas viviendas en varios estudios de pequeño tamaño. En muchos casos se trata de espacios de unos 15 metros cuadrados, cada uno con su propia cocina y baño. Esta práctica permite diversificar el alquiler y reducir los riesgos asociados al arrendamiento tradicional o de larga duración.
Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) han advertido en un comunicado de las consecuencias que estas actuaciones están teniendo en los inmuebles. Según explican, numerosas intervenciones se están tramitando mediante declaración responsable, una fórmula más ágil que no requiere una autorización previa expresa. Sin embargo, sostienen que esta vía no siempre garantiza una supervisión adecuada.
Conflictos en las comunidades y presión sobre los servicios comunes
El Colegio alerta de que estas obras están generando conflictos en las comunidades de propietarios. Los problemas no solo tienen que ver con las molestias propias de cualquier reforma, sino también con el impacto en la convivencia diaria. La multiplicación de viviendas dentro de un mismo piso puede alterar el equilibrio previsto en el diseño original del edificio.
Además, los administradores subrayan que la transformación de una vivienda en varios estudios supone una mayor exigencia para las instalaciones comunes. Las bajantes y redes de saneamiento, recuerdan, no fueron diseñadas para soportar un uso tan intensivo. Esta sobrecarga puede derivar en averías, atascos y costes adicionales que terminan afectando a todos los vecinos.
La presidenta del CAFMadrid, Manuela Julia Martínez Torres, ha señalado que el problema es cada vez más recurrente. A su juicio, la cuestión no debe plantearse como una limitación del derecho de propiedad. Más bien, considera que se trata de aplicar una regulación urbanística que ofrezca garantías suficientes.
Petición de mayor control municipal
Según Martínez, cuando una actuación privada afecta a elementos comunes del edificio, debe existir una supervisión clara por parte de la Administración municipal. Es la normativa urbanística la que, en su opinión, debe fijar los criterios y establecer los mecanismos de control necesarios. De este modo, se evitarían situaciones que perjudiquen al conjunto de propietarios.
El Colegio insiste en que una regulación más rigurosa permitiría proteger mejor a las comunidades. También contribuiría a garantizar la seguridad, la salubridad y la sostenibilidad de los edificios residenciales. Para los administradores, no se trata de frenar reformas, sino de asegurar que se realicen con todas las garantías técnicas y legales.
