El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a dos plataformas de alquiler turístico que retiren 8.318 anuncios de alojamientos que se publicitan como alquileres de temporada, al permitir realizar reservas por periodos inferiores a 31 días, que es la duración mínima que establece la ley para este tipo de contratos. Según la Dirección General de Consumo, estas ofertas podrían incumplir la normativa de arrendamientos urbanos tras los últimos cambios aprobados por el Gobierno.
La actuación, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, busca evitar que las viviendas destinadas a estancias turísticas se anuncien bajo una modalidad de alquiler que no se ajusta a las condiciones legales establecidas. El organismo considera que presentar estos alojamientos como alquileres de temporada cuando admiten reservas de menor duración podría inducir a error a los consumidores.
La mayor parte de los anuncios señalados se concentra en la Comunidad de Madrid, que reúne 6.772 de las ofertas identificadas. De ese total, 6.523 corresponden a viviendas situadas en la ciudad de Madrid, lo que convierte a la capital en el principal foco de esta actuación.
La nueva normativa fija un mínimo de 31 días
El requerimiento se apoya en el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, que introduce cambios en la regulación de los alquileres de temporada. Entre las medidas contempladas se encuentra la limitación de estas ofertas a contratos con una duración mínima de 31 días, un requisito que, según Consumo, no respetarían los anuncios detectados. El problema identificado por el ministerio radica en la diferencia entre la modalidad de alquiler que se anuncia y las condiciones de reserva que ofrecen las plataformas. Si una vivienda aparece como alojamiento de temporada, pero puede reservarse por un periodo inferior al mínimo establecido, su publicidad podría no ajustarse a la legislación vigente.
La Dirección General de Consumo entiende que esta forma de anunciar los alojamientos podría constituir una práctica comercial engañosa. Por ese motivo, considera que los anuncios podrían vulnerar el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que recoge infracciones relacionadas con los derechos de los consumidores.
Para solicitar la retirada de las ofertas, el organismo ha recurrido a los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea. Este procedimiento permite comunicar a las plataformas la existencia de contenidos que podrían ser ilícitos y reclamar que adopten las medidas correspondientes. Una vez recibida la notificación, las empresas pasarían a tener responsabilidad directa sobre los posibles incumplimientos comunicados, de acuerdo con la normativa europea, según explica el ministerio. Si no retiran los anuncios afectados ni bloquean su acceso, Consumo podría iniciar un expediente contra ellas.
Más actuaciones contra las ofertas de vivienda que incumplen la ley
La petición dirigida a estas dos plataformas forma parte de una estrategia más amplia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para combatir las prácticas que considera ilegales en el mercado de la vivienda. El objetivo es impedir que la publicación de ofertas contrarias a la normativa contribuya a agravar los problemas de acceso a una vivienda en España.
Entre las actuaciones anteriores destaca la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por anunciar miles de alojamientos turísticos que incumplían la legislación. Tras esa intervención, se retiraron más de 65.000 anuncios de la plataforma, según los datos facilitados por el ministerio. También se han producido actuaciones relacionadas con Booking, que eliminó más de 4.000 anuncios después de recibir un requerimiento oficial de Consumo. Estos precedentes muestran que el departamento está utilizando tanto las solicitudes de retirada como las sanciones para exigir que las plataformas adapten sus ofertas a las obligaciones legales.
La intervención del ministerio no se limita a los portales de alojamiento turístico. Consumo también impuso una multa de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas consideradas abusivas contra sus inquilinos, tras identificar seis infracciones muy graves y una grave relacionadas con la vulneración de los derechos de los consumidores y el aprovechamiento de una posición de predominio en el mercado.
Además, el departamento mantiene abierto un expediente contra otra gran inmobiliaria que gestiona miles de viviendas en España por prácticas similares. Con el nuevo requerimiento a las plataformas turísticas, Consumo amplía así sus actuaciones sobre distintos ámbitos del mercado inmobiliario, con especial atención a la publicidad de alojamientos y al cumplimiento de las condiciones exigidas por la ley.
