El Ayuntamiento de Valencia ha impuesto 138 sanciones a viviendas de uso turístico (VUT) que no cumplían las condiciones exigidas por la normativa para desarrollar legalmente esta actividad. Las multas, correspondientes a expedientes tramitados durante los últimos dieciocho meses, superan los 1,5 millones de euros.
El periodo analizado comienza en marzo de 2025, cuando la Generalitat Valenciana delegó en el Ayuntamiento de Valencia las competencias para iniciar, tramitar y resolver determinados procedimientos sancionadores relacionados con las viviendas de uso turístico. Desde entonces, el consistorio ha abierto un total de 283 expedientes, de los que 138 han terminado con resoluciones sancionadoras firmes.
La cifra supone que prácticamente la mitad de los procedimientos iniciados durante este periodo han acabado en una sanción. El resto fueron archivados después de las comprobaciones correspondientes, bien porque no se detectó ninguna infracción o porque el caso quedaba fuera de las competencias municipales asumidas mediante la delegación.
Multas de hasta 100.000 euros por las infracciones más graves
La mayor parte de las sanciones se debe a infracciones consideradas graves, relacionadas con el incumplimiento de los requisitos esenciales que deben reunir las viviendas para poder ejercer legalmente la actividad turística. Estas conductas están recogidas en el artículo 92.4 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana.
Para este tipo de infracciones, la legislación contempla multas que pueden situarse entre los 10.001 y los 100.000 euros. En el caso de los expedientes tramitados por el Ayuntamiento de Valencia, el importe total liquidado antes de aplicar, cuando correspondía, la bonificación legal del 50 %, supera los 1,7 millones de euros. La cantidad que efectivamente se ha recaudado hasta el momento es inferior y se sitúa en 461.540 euros. La diferencia responde, entre otros aspectos, a la aplicación en determinados casos de la bonificación prevista legalmente.
La actuación municipal no se ha limitado a las multas económicas. El Ayuntamiento también ha enviado alrededor de un centenar de comunicaciones al Servicio Territorial de Turismo para solicitar la baja del registro autonómico de viviendas que aparecían inscritas como turísticas, pero que, según las comprobaciones realizadas, no estaban desarrollando realmente esa actividad.
La competencia sancionadora municipal se formalizó el 10 de marzo de 2025 mediante la adhesión del Ayuntamiento al Convenio Marco firmado entre la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Este acuerdo permite a los ayuntamientos adheridos intervenir en los procedimientos relacionados con infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico.
Dos sentencias judiciales respaldan las sanciones municipales
Además de las resoluciones administrativas, algunas de las sanciones han llegado posteriormente a los tribunales. De las 138 resoluciones firmes dictadas por el Ayuntamiento, dieciocho han sido recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, hasta ahora, dos de esos procedimientos ya cuentan con sentencias firmes. Ambas resoluciones judiciales han desestimado los recursos presentados y han confirmado las multas impuestas por el consistorio. La primera corresponde a la Sentencia 79/2026, dictada el 25 de marzo por el Tribunal de Instancia de Valencia, Plaza número 4, que confirmó una sanción de 10.001 euros.
La segunda sentencia, la número 217/2026, fue dictada el 28 de agosto por el Tribunal de Instancia de Valencia, Plaza número 1. En este caso, el tribunal confirmó una multa de 30.000 euros, además de condenar en costas a la parte recurrente, al igual que ocurrió en el primer procedimiento.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, ambas sentencias han sido cobradas íntegramente. Para el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, estas resoluciones suponen un respaldo a la actuación municipal frente a quienes desarrollen la actividad turística sin ajustarse a las exigencias legales. Ha advertido de que quienes operen de manera ilegal se enfrentarán a expedientes municipales y sanciones económicas elevadas. El edil también ha señalado que las dos sentencias conocidas hasta ahora confirman, a juicio del gobierno municipal, la solidez jurídica de las actuaciones emprendidas.
Las multas forman parte de un conjunto más amplio de medidas destinadas a controlar las viviendas turísticas que funcionan fuera de la legalidad. Entre ellas se encuentran los mecanismos de disciplina urbanística, como las órdenes de cese de actividad.
