El Gobierno destinará 180 millones de euros a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda asequible y contribuir a reducir los precios del alquiler. La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, permitirá financiar diferentes actuaciones para facilitar el acceso a una vivienda en los territorios donde existe un mayor desequilibrio entre las necesidades residenciales y la oferta disponible.
La iniciativa se dirige a cinco comunidades autónomas que cuentan con zonas tensionadas: Catalunya, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias. En conjunto, las áreas incluidas en el programa abarcan 317 municipios en los que residen más de nueve millones de personas. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido el alcance de estas medidas durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. «Son dos medidas que van dirigidas a promover vivienda asequible donde más falta hace y para quienes más lo necesitan», ha señalado, en referencia tanto a las ayudas para las zonas tensionadas como al programa de alojamientos universitarios.
Cataluña recibirá la mayor parte de los fondos
El reparto de los 180 millones de euros se ha establecido a partir de criterios objetivos que tienen en cuenta la población residente en cada territorio y el porcentaje de hogares que soportan un esfuerzo económico excesivo para pagar su vivienda. Con este sistema, Cataluña recibirá 119,4 millones de euros para actuar en 271 municipios, mientras que Euskadi contará con 31 millones para sus 18 localidades incluidas en la medida.
Navarra dispondrá de 13,3 millones de euros para sus 21 municipios con zonas tensionadas, y Galicia recibirá 10,2 millones destinados a A Coruña y Santiago de Compostela. Por su parte, Asturias contará con 5,9 millones de euros para cinco municipios, una financiación que se enmarca en el objetivo común de ampliar las opciones de alquiler asequible.
Las subvenciones están contempladas en el artículo 18 de la Ley por el Derecho a la Vivienda y buscan respaldar los planes específicos elaborados por las comunidades autónomas. Estos programas pretenden corregir los desequilibrios que dificultan el acceso a una vivienda y permitir que cada territorio desarrolle actuaciones adaptadas a sus necesidades. La financiación podrá emplearse en distintas iniciativas relacionadas con la creación de nuevas viviendas y la mejora de las ya existentes. Entre las opciones previstas figuran la promoción de inmuebles, la rehabilitación de edificios y el desarrollo de soluciones habitacionales alternativas destinadas al alquiler social o asequible.
Compra de viviendas, desarrollo de suelo y protección del alquiler
Los fondos también podrán utilizarse para adquirir terrenos con capacidad para construir viviendas y desarrollar esos suelos con fines residenciales. De esta manera, las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de intervenir en distintas fases del proceso, desde la preparación de terrenos hasta la incorporación de inmuebles al parque destinado al alquiler a precios asequibles. Otra de las actuaciones permitidas será la compra de viviendas para destinarlas al alquiler social o asequible. Además, las ayudas podrán cubrir medidas de protección frente al impago de las rentas de los contratos de alquiler, una herramienta con la que se busca ofrecer mayor seguridad en este tipo de operaciones.
El decreto establece así varias vías de actuación para que las administraciones autonómicas puedan destinar los recursos a las necesidades detectadas en sus respectivos territorios. La finalidad general es incrementar las posibilidades de acceso a una vivienda y contribuir a aliviar la presión sobre los precios del alquiler en los municipios incluidos en la declaración de zona tensionada.
Junto a este paquete de ayudas, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo real decreto que contempla 45 millones de euros en subvenciones para impulsar alojamientos universitarios asequibles durante 2026. Esta partida permitirá promover la creación de 2.000 plazas, con el propósito de ampliar las alternativas residenciales disponibles para la población universitaria.
