a los desahucios
por fondos buitre
en vigor
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana · septiembre 2026
El pacto entre los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, llegó en el último momento. Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han confirmado el acuerdo y sostienen que ambos textos defienden «los intereses y los derechos de la ciudadanía». La reunión del Consejo arrancó pasadas las 10.30 horas, con una hora de retraso por las negociaciones de última hora. Al final, todos los ministros se sentaron a la mesa.
La urgencia marca el calendario. El Ejecutivo considera que la relevancia de las medidas justifica su convalidación inmediata y por eso ha solicitado a la Cámara Baja que celebre un pleno extraordinario este viernes, apenas tres días después de su aprobación. Será entonces cuando se despeje la gran incógnita: si el Gobierno logra reunir los apoyos que le faltaron la última vez.
Qué recoge cada uno de los decretos de vivienda
El primer real decreto concentra el grueso del paquete. Extiende hasta 2030 la protección frente a los desahucios, regula el alquiler de temporada y el de habitaciones, dos modalidades que habían centrado buena parte del debate, y prohíbe hasta 2028 la adquisición de viviendas por parte de fondos buitre. Incluye además una prórroga de dos años para los contratos vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas.
El segundo texto se limita a la renovación automática de los alquileres, una medida que no cuenta con el respaldo de formaciones como PNV y Junts. Que viaje en un decreto independiente no es un detalle menor. En la práctica, permite que su suerte parlamentaria no arrastre consigo al resto de medidas si el Congreso le da la espalda.
Sumar logra incluir sus principales reclamaciones
Los últimos obstáculos para cerrar el acuerdo tenían nombre propio. Sumar exigía que el texto incorporase la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de las demandas del Sindicato de Inquilinos, que impulsa la acampada de protesta instalada en la Puerta del Sol de Madrid. Ambas reivindicaciones han terminado encontrando acomodo en los textos aprobados.
La foto de este martes contrasta con la de hace seis meses. Cuando el Gobierno aprobó su anterior real decreto en materia de vivienda, los ministros de Sumar no acudieron a la reunión, al considerar que las medidas se quedaban cortas. El socio minoritario consiguió ampliarlas a base de presión, pero aquella norma decayó un mes después al no superar la convalidación en el Congreso de los Diputados.
Ese precedente pesa ahora en el PSOE. Los socialistas quieren evitar un nuevo tropiezo parlamentario y buscan un acuerdo de mínimos capaz de sumar a todos sus socios de investidura, incluidos los situados más a la derecha, como PNV y Junts. De su posición depende, en buena medida, que el paquete salga adelante.
La oposición y los socios aguardan a conocer los textos
El resto de grupos parlamentarios explica que todavía no ha tenido acceso al contenido de los decretos, por lo que prefiere esperar a disponer de los textos para concretar el sentido de su voto en el pleno del viernes. Hasta ahora, según indican, la información que manejan procede de lo publicado en la prensa.
El PP, por su parte, ha avanzado ya su posición. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, anticipó este martes por la mañana, durante un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrassa, que su partido votará en contra, al considerar que las medidas no resultarán eficaces. «El daño que ha hecho este Gobierno no lo van a reparar los culpables, es decir, este Gobierno», afirmó el dirigente popular.
En Junts piden prudencia antes de pronunciarse, ya que a lo largo de las próximas horas conocerán en profundidad los detalles de los textos. La formación de Carles Puigdemont sí ha querido apuntar una primera impresión: «El hecho de dividir un decreto es un hecho que, como mínimo, sorprende», señalan desde el partido, que recuerda que su prioridad pasa por proteger a los pequeños propietarios.
Un viernes decisivo para el mercado del alquiler
La votación del viernes tiene consecuencias que van más allá de la aritmética parlamentaria. Para el mercado del alquiler, el resultado definirá durante los próximos años las reglas de juego para arrendadores e inquilinos, desde la duración de los contratos hasta el margen de actuación de los grandes inversores.
Sobre la mesa está también la dimensión social de un problema que figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. No es la primera vez este año que la Cámara Baja tiene en sus manos esta cuestión: en marzo ya tuvo que votar la prórroga de la suspensión de desahucios. Ahora, la convalidación, o no, de estos decretos marcará el rumbo de la política de vivienda en lo que queda de legislatura.
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