El Congreso de los Diputados votará este jueves la convalidación del nuevo decreto que reactivará la suspensión de desahucios para familias en situación de vulnerabilidad hasta diciembre de 2026. Esta medida surge tras la derogación en enero de la Ley Ómnibus, que incluía la prórroga de la suspensión de lanzamientos, y busca ofrecer protección temporal a los inquilinos más afectados. El debate parlamentario determinará si la medida entra en vigor de manera definitiva.
El nuevo texto mantiene la posibilidad de paralizar los desahucios, siempre que el inquilino solicite al juzgado la suspensión y demuestre su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, ya no se aplicará automáticamente a todos los propietarios, sino solo a quienes tengan más de dos viviendas. Los arrendadores con una o dos propiedades podrán presentar su propia documentación que acredite su dependencia de la renta para cubrir gastos esenciales o hipotecas.
Pedro Bretón, CEO de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), explica que «el procedimiento se judicializa aún más. El inquilino debe instar la suspensión y el propietario puede oponerse justificando su propia situación», lo que convierte cada caso en un análisis individual y prolonga la incertidumbre. Esta modificación busca equilibrar la protección de las familias vulnerables con la seguridad jurídica de los propietarios, evitando que la medida sea percibida como general y automática.
Impacto en el mercado y la oferta de alquiler
Desde SEAG alertan que la prórroga continua de la suspensión de desahucios desde 2020 está generando efectos estructurales en el mercado de alquiler. Según la entidad, muchos pequeños propietarios perciben un mayor riesgo jurídico y optan por vender, no renovar contratos o mantener sus viviendas cerradas. Esta reducción progresiva de la oferta presiona al alza los precios, dificultando el acceso a la vivienda justamente para quienes se pretende proteger.
La entidad destaca que «la protección de las familias vulnerables es incuestionable, pero la solución habitacional no puede descansar exclusivamente en el propietario privado». La estabilidad normativa y la existencia de incentivos adecuados son fundamentales para que los arrendadores confíen en el mercado y contribuyan a incrementar el parque de alquiler en España. En este sentido, el equilibrio entre protección social y garantía jurídica es determinante para evitar tensiones en los precios y asegurar un acceso justo a la vivienda.
