El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley de escudo social con el objetivo de reforzar la protección de los hogares más vulnerables. La medida pone el foco en la ampliación de la suspensión del procedimiento de desahucio cuando el arrendador es un gran tenedor o un fondo buitre. Esta medida social llega tras semanas de debate político y social en torno a la protección de las personas con mayores dificultades. El Ejecutivo busca ofrecer estabilidad a quienes no cuentan con una alternativa habitacional y atraviesan situaciones económicas sobrevenidas.
La norma aprobada también incluye la prórroga del bono social energético y la garantía de suministro de agua y energía. Ambas medidas se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026 para aliviar el impacto de los gastos básicos en los hogares con menos recursos.
Protección frente a desahucios para los más vulnerables
Uno de los ejes centrales del decreto es la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin vivienda alternativa. Esta protección se aplica cuando el propietario del inmueble es un gran tenedor o un fondo de inversión inmobiliaria. Con esta decisión, el Gobierno pretende blindar a las personas inquilinas que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden asumir el pago del alquiler. La medida mantiene el espíritu del escudo social implantado en años anteriores.
Desde el Ejecutivo se subraya que la iniciativa busca evitar situaciones de exclusión residencial. El objetivo es que ninguna familia vulnerable quede en la calle por falta de recursos mientras se articula una solución. La ministra portavoz y de Seguridad Social, Elma Saiz, defendió tras el Consejo de Ministros que estas medidas mejoran la vida de la ciudadanía. Según explicó, el escudo social protege a quienes más lo necesitan en momentos de dificultad.
No obstante, la prórroga no afecta a los pequeños propietarios. Las personas con una o dos viviendas en propiedad, o que se encuentren ellas mismas en situación de vulnerabilidad, quedan fuera de esta suspensión. En estos casos, serán los servicios sociales los encargados de buscar una alternativa habitacional de emergencia. De este modo, se intenta equilibrar la protección de los inquilinos con la situación de los pequeños arrendadores.
Bono social energético y suministros garantizados
El decreto también refuerza el ámbito energético con la prórroga del bono social. Esta ayuda continuará vigente hasta finales de 2026 para facilitar el pago de la factura eléctrica a los consumidores vulnerables. Junto al bono social, se mantiene la garantía de suministro de agua y energía. La medida evita cortes en servicios básicos para quienes acrediten una situación económica delicada.
El escudo social incluye además ajustes técnicos en el sistema eléctrico. Entre ellos, la adaptación de la tasa de retribución financiera de los sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.
