El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha desbloqueado uno de los grandes desarrollos urbanísticos pendientes de la ciudad después de más de veinte años de paralización y conflictos judiciales. El pleno extraordinario celebrado este viernes aprobó por unanimidad retirar a Prometosa Construcciones la condición de agente urbanizador del PAU-1 Murtal, un sector situado en la zona de Poniente que contempla la construcción de casi 3.000 viviendas.
La decisión permite abrir una nueva etapa para un ámbito de más de 900.000 metros cuadrados, considerado una de las pocas grandes bolsas de suelo todavía disponibles para el crecimiento de Benidorm. El planeamiento existente se mantiene y también continúa vigente el proyecto de reparcelación, al considerar el consistorio que ambos instrumentos siguen siendo de utilidad para el interés general.
El futuro del Murtal cobra especial importancia en una ciudad donde el suelo urbanizable se ha reducido considerablemente durante los últimos años. El desarrollo de este sector supondría disponer de una amplia reserva para nuevas viviendas en un contexto de elevada presión sobre los precios residenciales.
Más de veinte años entre recursos y retrasos
El recorrido del PAU-1 Murtal comenzó a complicarse poco después de que Prometosa recibiera la adjudicación del sector en 2003. En 2007 surgió uno de los primeros conflictos relevantes, cuando la empresa presentó un recurso contra una sentencia que establecía la retribución que correspondía al agente urbanizador. La tramitación siguió acumulando dificultades durante los años siguientes. En 2011 el Ayuntamiento tuvo que recurrir a la ejecución subsidiaria para redactar el proyecto de urbanización y, en 2015, después de una licitación abierta, la empresa Lorente Tallada recibió el encargo de elaborar la reparcelación.
El proyecto de reparcelación quedó inscrito en el Registro en 2019, pero el proceso volvió a encontrarse con un obstáculo cuando Prometosa no abonó la cuota que le correspondía. Ante esa situación, fueron propietarios del sector quienes tuvieron que adelantar el importe. Una vez inscrita la reparcelación comenzó a contar el plazo de 36 meses previsto para completar las obras de urbanización. Sin embargo, durante ese periodo se sucedieron los requerimientos municipales para corregir deficiencias detectadas en los distintos proyectos presentados, y el último de ellos todavía mantenía cuestiones pendientes de subsanar.
A este historial de retrasos se sumó un fuerte incremento de los costes de urbanización. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana concluyó que las cargas habían aumentado un 118% respecto de las previstas inicialmente en el año 2000, una circunstancia que resultó determinante para avanzar hacia la resolución de la condición de agente urbanizador.
Los propietarios podrían asumir el desarrollo
La salida de Prometosa no supone que el Ayuntamiento vaya a asumir directamente la gestión del Murtal. El consistorio ha señalado que no puede encargarse de forma directa de la ejecución del sector, aunque los propietarios ya estarían organizándose para constituir una Agrupación de Interés Urbanístico. Uno de los propietarios concentra más del 60% del suelo incluido en el ámbito, una participación que le permitiría también presentarse directamente como nuevo agente urbanizador. De esta manera, el desarrollo podría continuar mediante una nueva fórmula de gestión sin necesidad de comenzar de nuevo todo el procedimiento urbanístico.
El objetivo pasa ahora por que los propietarios puedan tomar el relevo y avanzar en una tramitación que lleva más de dos décadas pendiente. Si el proceso sigue adelante, el Murtal podría convertirse en una de las principales zonas de nueva construcción de Benidorm durante los próximos años, con capacidad para albergar cerca de 3.000 viviendas.
El PAU-1 no es la única gran bolsa de suelo vinculada a la expansión de la ciudad. Junto a Murtal se encuentra el Ensanche-Levante, un ámbito de unos 575.000 metros cuadrados que reserva el 35% de su superficie a usos residenciales, turísticos y hoteleros, mientras que el resto se destina a dotaciones y zonas verdes.
