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La sostenibilidad se consolida como criterio fundamental en la inversión inmobiliaria en España

La certificación Aenor Edificio Sostenible ha ganado terreno gracias a su arraigo en el tejido empresarial y a una trayectoria de casi 40 años en la evaluación de la conformidad.

La sostenibilidad se consolida como criterio fundamental en la inversión inmobiliaria en España

El sector inmobiliario español mantiene un notable dinamismo, condicionado por la situación económica internacional, pero cada vez más impulsado por la demanda de activos que cumplan criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Según las estimaciones de CBRE, la inversión total en el mercado nacional aumentará este año entre un 10% y un 15% respecto a 2024, cuando se alcanzaron 14.000 millones de euros, superando la media de 12.000 millones registrada en los últimos cinco años.

El último informe de la consultora, Real Estate Market Outlook 2025, ya anticipaba una mayor polarización a favor de los activos energéticamente eficientes de cara a un futuro, estableciendo criterios de sostenibilidad como factores fundamentales en la toma de decisiones de los inversores.

Esta inclinación hacia el inmobiliario ‘verde’ se ve reforzada por la exigencia, cada vez más común entre fondos y promotores, de contar con activos de bajo impacto ambiental y alto rendimiento energético.

También en este sentido, según el informe «La sostenibilidad en la demanda de vivienda en España» elaborado por Fotocasa y Solvia, el 52,5% de los españoles con intención de comprar o alquilar una vivienda está dispuesto a pagar más para que el inmueble sea sostenible.

La edificación es responsable de alrededor de un 40% de las emisiones y del consumo energético, de ahí que desempeñe un papel fundamental en la estrategia europea de descarbonización prevista para 2050. En España, además, se estima que cerca del 70% del parque inmobiliario está obsoleto, lo que ofrece un margen significativo para la mejora de la eficiencia. Para abordar este reto, el Real Decreto 853/2021 -junto con otras iniciativas- ha reforzado los incentivos a la rehabilitación energética, animando a promotores y propietarios a modernizar sus activos con criterios sostenibles.

En paralelo, las regiones con un mayor dinamismo inmobiliario, como Madrid, Cataluña o determinadas zonas costeras, están incorporando metas de eficiencia energética y reducción de emisiones en sus planes urbanísticos. En este contexto, contar con un certificado de edificación sostenible se ha convertido en un factor diferencial a la hora de captar financiación, así como en una ventaja competitiva para atraer a inquilinos y compradores cada vez más exigentes en materia de sostenibilidad.

Un ejemplo reciente de esta tendencia en Madrid es el proyecto Iberia Loreto 1, promoción de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), que ha apostado por la reducción del impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del edificio mediante la utilización de materiales con baja huella de carbono. El proyecto ha obtenido la certificación de Edificio Sostenible de Aenor, convirtiéndose en un referente para promotoras que desean diferenciarse mediante soluciones basadas en el uso de materiales ecoeficientes y un diseño centrado en el bienestar de los ocupantes.

En un mercado en el que conviven sellos internacionales como Leed o Breeam, la certificación Aenor Edificio Sostenible ha ganado terreno gracias a su fuerte arraigo en el tejido empresarial español y a una trayectoria de casi 40 años en la evaluación de la conformidad. Esta certificación otorga un peso destacado a los materiales empleados poniendo en valor aquellos fabricantes que han evaluado aspectos sociales (empleo, salud, seguridad laboral, formación, beneficios sociales, igualdad de oportunidades, libertad de asociación, comunidad, buen gobierno, privacidad de cliente), económicos (desempeño, impactos directos e indirectos, innovación y desarrollo), ambientales (energía, agua, emisiones, vertidos, uso de sustancias peligrosas, contaminación de suelo, inversiones medioambientales). Y por otra parte, la certificación de Edificio Sostenible está alineada con los indicadores de sostenibilidad Level(s) de la Unión Europea, como la eficiencia energética, ahorro de agua, gestión de residuos, huella de carbono y confort de las personas, lo que garantiza su coherencia con la taxonomía verde comunitaria y refuerza la credibilidad ante inversores internacionales.

De esta manera, para los activos ubicados en España, contar con el sello de Aenor supone un aval adicional de calidad no solo por la reputación de la entidad, sino también porque exige un cumplimiento estricto en el uso de materiales de menor huella de carbono, así como en la incorporación de sistemas de eficiencia energética y criterios de economía circular.

Los datos del sector muestran que los edificios construidos o rehabilitados con estándares sostenibles pueden reducir sus consumos energéticos en porcentajes que oscilan entre un 20% y un 40%, dependiendo del tipo de uso y de la tecnología aplicada. Este ahorro incide directamente en la cuenta de resultados de promotores y propietarios, reduciendo costes de operación y aumentando la competitividad del activo en el mercado.

Asimismo, existe una correlación positiva entre la sostenibilidad certificada por terceros y la retención de inquilinos: espacios más saludables y eficientes suelen traducirse en menores tasas de rotación y, por ende, en ingresos más estables a largo plazo. Diversos estudios prevén que, de mantenerse la actual tendencia, en 2025 la práctica totalidad de las grandes promociones residenciales y de oficinas en España incorpore medidas de sostenibilidad -ya sea mediante certificaciones o a través de la adopción de sistemas constructivos industrializados que reduzcan al máximo el impacto ambiental-.

Las previsiones para 2025 indican un mercado que, aun sujeto a la volatilidad internacional, continuará premiando a los proyectos inmobiliarios con mayores estándares ESG. De hecho, buena parte de los fondos internacionales que han desembarcado en España durante la última década han trasladado políticas de inversión basadas en la certificación de inmuebles, buscando garantizar, así, el retorno de la inversión y minimizar riesgos regulatorios o reputacionales.

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