Casi la mitad de las provincias españolas (24 en total) registraron al cierre del segundo semestre incrementos en el precio del alquiler por encima del 10% y, por lo tanto, por encima de la ya disparada inflación. Y ocho de ellas superaron el 20%, siempre según los datos de la plataforma de big data inmobiliario de Brains Real Estate. Esa escalada, que crece y crece por la endémica falta de oferta en el mercado, es la que quiere cortar «en el corto plazo» el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
«Esta operación marca un antes y un después». El jefe del Ejecutivo se refiere a la Operación Campamento en Madrid, cuyo del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la cesión de los terrenos se ha firmado esta mañana.
Su frase se debe, en primer lugar, a las 12.000 viviendas que se edificarán en estos terrenos que acogieron instalaciones militares y que llevan décadas sin uso, a ambos lados de la carretera de Extremadura a su salida de la capital. Pero Sánchez ha ido a la imagen más general y ha recordado que el objetivo del Ejecutivo es poner en pie hasta 100.000 viviendas de alquiler social y asequible.
Lo hará de varias maneras. Con el acuerdo marco firmado por Transportes y Sepes hace dos consejos de Ministros y con el que ya se dispondría de suelo para casi 20.000 viviendas (aunque en esa cifra se incluye parte de la Operación Campamento.
Otras 20.000 viviendas tendrán que salir de los presupuestos de las comunidades autónomas, a las que el Gobierno transferirá unos 1.000 millones en total con cargo a los fondos europeos. Según él, deberían estar para 2026.
Y un tercer gran paquete podría venir de la Sareb, ya bajo el paraguas público del Frob, y que, por ejemplo, recientemente inició el proceso para dilucidar cómo ceder la gestión a socios privados del suficiente suelo para construir entre 10.000 y 15.000 viviendas (no todas sociales, pero sí de alquiler asequibles al menos).
Con todo esto, y con la aplicación en paralelo de la Ley de Vivienda cuando se desatasque su tramitación parlamentaria ante las posturas todavía encontradas entre socios del propio Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y parlamentarios (ERC, sobre todo), Sánchez pretende que ese artículo de la Constitución que se refiere al derecho a la vivienda digna sea más posible en España.
Eso sí, no ha dicho nada de cuándo podría aprobarse una norma que lleva en el Congreso sin avanzar desde el pasado mes de febrero.
Con todo, el presidente del Gobierno sabe que necesita la colaboración privada. En su breve discurso ha recordado el acuerdo firmado con los bancos para propiciar hasta 10.000 alquileres asequibles y que se prorrogará otro año.
Es decir, que mira a un sector privado del que lamenta que, hasta hace muy poco, cuando se mencionaba la palabra vivienda, se pensaba en burbuja, crisis o desahucios. «Eso es lo que queremos cambiar», ha señalado para terminar.
Porque sobre la Operación Campamento en sí se ha limitado a mencionar que se trata de «un impulso definitivo» sin concretar nada más
