Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha anunciado su compromiso de impulsar la construcción de 50.000 viviendas públicas en Cataluña para 2030, con una inversión anual de 1.100 millones de euros.
Este ambicioso plan, presentado durante el primer debate de política general de la legislatura, se alinea con los acuerdos firmados por el PSC con ERC y los Comunes para asegurar la investidura de Illa.
El presidente de la Generalitat ha destacado la necesidad de abordar la precaria situación del acceso a la vivienda y confrontar la espiral de precios intolerable que afecta a los ciudadanos. Ha subrayado que esta nueva política de vivienda será «estructural y sostenida» durante los próximos años, con una inversión clave incluida en los presupuestos anuales del Govern.
El proyecto presentado por Illa incluye varias medidas para aumentar el parque de vivienda pública protegida. Entre las acciones principales, se contempla incrementar los solares disponibles para la construcción, acelerar los trámites y la ejecución de las obras, fomentar la colaboración entre el sector público y privado, y aumentar las ayudas para facilitar el acceso a la vivienda.
Illa también se ha comprometido a regular el alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones en coordinación con el Gobierno central.
«Crearemos una reserva pública de suelo para ayudar a los municipios a promover el suelo disponible mediante una convocatoria anual abierta a todos los operadores públicos y privados para que pongan a disposición sus solares para construir promociones de viviendas protegida de alquiler», ha señalado el presidente de la Generalitat. Además ha confirmado que la primera convocatoria está prevista para febrero de 2025, y la Generalitat aportará todos los terrenos de su propiedad disponibles a este fondo.
En cuanto a las ayudas, Illa ha anunciado la creación de un Fondo público de Emancipación, con una dotación de 500 millones de euros durante cinco años. Este fondo financiará el 20% de los gastos de compra de 12.000 viviendas destinadas a jóvenes menores de 35 años. Además, se destinarán 500 millones de euros anuales para ayudar a las familias a cubrir el coste del alquiler, así como para adquirir o alquilar 1.700 viviendas de segunda mano con el objetivo de evitar desahucios.
El plan también incluye una serie de iniciativas para fomentar la colaboración público-privada en la construcción de viviendas públicas. Para ello, el Instituto Catalán de Finanzas ofrecerá financiación blanda a los promotores, con una primera línea de 500 millones de euros anuales.
Illa ha enfatizado la importancia de garantizar el derecho a una vivienda digna como una cuestión clave para reducir la desigualdad en Cataluña. «Esta batalla será larga, pero la ganaremos si trabajamos juntos», ha declarado, subrayando que el Govern está comprometido a abordar esta problemática desde todos los frentes.
