La patronal del sector de la construcción ha encendido las alarmas ante el aumento del absentismo laboral, al que califica como una verdadera «hecatombe» por su impacto económico, organizativo y estructural en las empresas. Según datos aportados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en 2025 cada trabajador asalariado perdió de media casi 113 horas anuales de trabajo debido a bajas, lo que equivale a unas 14 jornadas laborales de ocho horas o, prácticamente, tres semanas completas de actividad.
Esta situación, según explica Carlos del Rey, miembro del Comité Ejecutivo de la CNC, del Consejo de la CEOE y vicepresidente de Cepyme, supone una distorsión profunda del funcionamiento del sector. Traducido a la realidad diaria de las empresas, indica, significa que aproximadamente uno de cada quince trabajadores está de baja de forma permanente en algún momento del año, lo que genera un «sobrecoste brutal» para las compañías y una carga adicional para el sistema de protección social.
Del Rey subraya además que el impacto del absentismo no se limita a las cifras económicas. Más allá del coste directo para la empresa y para la Seguridad Social, el trabajo de las personas ausentes recae inevitablemente sobre sus compañeros, lo que incrementa la presión laboral interna, altera la organización de las obras y puede afectar a los plazos de ejecución. Desde la CNC se estima que el absentismo laboral en el sector de la construcción tiene un coste global de 3.565 millones de euros, una cifra que multiplica por casi tres la registrada en años anteriores y que representa aproximadamente el 1,7 % de las ventas del sector. Este volumen económico sitúa el problema incluso por encima de la carga que supone el impuesto de sociedades para las empresas, según los datos aportados por la patronal.
La mayor carga recae sobre las pequeñas empresas
El análisis también revela una desigual distribución del impacto. Las pequeñas empresas soportan alrededor de dos tercios del coste total del absentismo, mientras que las medianas asumen un 20 % y las grandes el 16 %. Esta diferencia evidencia, según Del Rey, la especial vulnerabilidad de las compañías de menor tamaño, que cuentan con menos recursos para absorber las ausencias prolongadas de sus trabajadores.
Ante este escenario, la patronal reclama medidas urgentes y contundentes. Del Rey insiste en la necesidad de actuar de manera inmediata y apuesta por reforzar los mecanismos de control de las bajas médicas. En su opinión, el sistema debería contar con una mayor implicación de las mutuas colaboradoras para agilizar los procesos de revisión y atención sanitaria. Más allá del absentismo, el representante empresarial también ha valorado el contexto general del sector y las políticas de vivienda. En relación con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, considera que se trata de un paso en la dirección correcta, pero insuficiente para resolver los problemas estructurales del mercado residencial.
A su juicio, la solución a la crisis de la vivienda requiere actuaciones más profundas, especialmente en materia fiscal y administrativa. Del Rey sostiene que es necesario reducir la presión impositiva, simplificar la burocracia y revisar determinadas normativas de construcción y calidad. Argumenta que estas medidas no solo son demandadas por los empresarios, sino que también han sido señaladas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea como elementos clave para mejorar el acceso a la vivienda.
En este sentido, advierte de que sin una actuación coordinada en estos tres ámbitos —fiscalidad, burocracia y regulación— será muy difícil avanzar en la resolución del problema habitacional. «Si no somos capaces de asumir esas tres responsabilidades entre todos, es muy complicado solucionar la cuestión de la vivienda», concluye. Con el absentismo laboral como preocupación inmediata y la vivienda como reto estructural, la patronal de la construcción sitúa al sector ante un escenario de tensiones crecientes que, a su juicio, exige reformas urgentes y de amplio alcance.
