El Ayuntamiento de Palma ha confirmado la entrada en vigor de la prohibición de nuevos alquileres turísticos en cualquiera de sus modalidades, una medida que busca limitar la presión del turismo residencial y preservar el acceso a la vivienda, según Europa Press.
El pleno municipal aprobó la medida tras su anuncio la semana pasada por el alcalde Jaime Martínez, que ya había adelantado su intención de mantener las 639 licencias legales existentes y no conceder nuevas autorizaciones. La restricción afecta tanto a viviendas completas como a habitaciones en pisos particulares, y tendrá carácter indefinido.
La decisión se enmarca en la estrategia del consistorio para frenar la oferta turística ilegal y “reforzar la calidad del destino”, según palabras del propio alcalde. Paralelamente, el Ayuntamiento también ha anunciado la prohibición de las ‘party boats’ (fiestas en barcos) en el paseo Marítimo a partir de 2026, así como la reconversión de los albergues urbanos en otros tipos de alojamiento reglado.
Reducción del turismo ilegal y apuesta por la calidad
Según datos de Exceltur citados por el consistorio, Palma ha conseguido reducir en los dos últimos años la oferta turística ilegal en un 18%, frente al 3,7% de descenso medio en otras 25 ciudades españolas.
El Ayuntamiento considera que esta política de control y calidad turística contribuirá a contener los precios del alquiler residencial, uno de los principales problemas urbanos en la isla, y a mejorar la convivencia vecinal en los barrios más saturados.
