La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte sobre la falta de información en el proceso de compraventa del mercado residencial. Según informa la entidad, comprar una vivienda en España supone un esfuerzo equivalente a 7,8 veces los ingresos brutos de un hogar, cuando la media histórica se situaba en 4,4 veces.
Por si esta dificultad fuera poca, las comisiones de las agencias inmobiliarias pueden contribuir a elevar los precios todavía más: hasta un 6% según un sondeo de OCU sobre los precios y servicios de 60 agencias en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Además, el estudio revela importantes deficiencias en la transparencia de sus servicios y, en algunos casos, un incumplimiento claro de la legislación vigente.
OCU constató que las agencias inmobiliarias visitadas aplican comisiones muy variables que oscilan entre el 2% y el 6%, con una media del 5% del precio de venta, lo que supone miles de euros adicionales para los consumidores. Por ejemplo, en un piso medio de 250.000 euros, una comisión del 6% más IVA alcanza los 19.150 euros.
Prácticas contrarias a los intereses de los propietarios
El estudio también revela prácticas contrarias a los intereses del propietario, que pueden dificultar o retrasar la venta:
- Falta de información clave: Solo 5 de las 60 agencias sondeadas facilitan un modelo del contrato de encargo en la primera petición de información y algunas no concretan cuándo hay que pagar la comisión, que además suele anunciarse sin el 21% de IVA. Tampoco es completa la información que se ofrece a los posibles compradores: es habitual que falte el certificado energético, por ejemplo.
- Insistencia en firmar encargos en exclusiva por 3 o 6 meses, lo que puede obligar al propietario a pagar honorarios incluso si la agencia no interviene en la venta.
- Valoraciones infladas o imprecisas. En Madrid, todas la agencias sondeadas sobrevaloraron los inmuebles (entre un 5% y un 10% según las estimaciones de OCU); en Barcelona se ajustaron más; mientras que en Sevilla tendieron a infravalorar. Claro que en estas dos últimas ciudades suele cobrarse otra comisión al comprador o una cantidad fija.
Además, el estudio de OCU evidencia que España carece de una normativa homogénea sobre la intermediación inmobiliaria. Mientras que comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares exigen a las agencias un registro obligatorio y un seguro de responsabilidad civil, otras no cuentan con mecanismos de control similares. En Andalucía, está prevista la aprobación de un Reglamento a lo largo de este año.
Y pese a que la Ley Estatal de Vivienda y otros decretos obligan a proporcionar información detallada sobre el inmueble, condiciones económicas y etiqueta energética, esta información sigue ausente en numerosos anuncios y visitas comerciales.
Propuesta de medidas urgentes para proteger a los consumidores
OCU exige medidas urgentes para proteger a consumidores:
- Derecho a contar con una información básica sobre los costes y servicios de la agencia: comisiones, precio de venta previsto y el desglose de sus honorarios por otros servicios adicionales (como el certificado energético).
- Requisitos para el ejercicio de los agentes inmobiliarios. Debería exigirse un registro obligatorio, unos mínimos de idoneidad para ejercer la actividad y un seguro de responsabilidad civil.
- Un control administrativo sobre los anuncios, para confirmar que solo se ofrecen viviendas con una hoja de encargo ya firmada por el propietario; y que el precio incluye el importe total que pagará el comprador, incluidos los gastos de la agencia si los hubiera.
