El conflicto por los activos turísticos de Taurito ya tiene desenlace. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas ha adjudicado a División Turística Valle Taurito, del grupo Grumasa-Martinón, los hoteles que pertenecían a Mar Abierto, propiedad de Santana Cazorla. La resolución llega tras cerca de un año de enfrentamiento con Lopesan, que también aspiraba a hacerse con estos establecimientos. Finalmente, el juez ha considerado que la propuesta de Martinón es la más adecuada para garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo.
La operación se enmarca en la fase de liquidación del concurso de acreedores de Mar Abierto. La subasta, iniciada en mayo de 2025, incluía varios lotes, entre ellos los hoteles, locales comerciales y parcelas.
Una decisión más allá del precio
El importe ofrecido por Martinón asciende a 85 millones de euros por los cuatro hoteles de la firma. Aunque Lopesan presentó una oferta ligeramente superior, con apenas 1.000 euros más, el juez ha restado importancia a esa diferencia al considerarla irrelevante. En su auto, el magistrado subraya que no se trataba de una subasta convencional. Al estar en juego unidades productivas en funcionamiento, el criterio económico no podía ser el único factor determinante.
Uno de los elementos clave ha sido la gestión del parque acuático Lago Taurito. Martinón asumía la subrogación del contrato, mientras que Lopesan la excluía, lo que podía derivar en futuras responsabilidades económicas para la empresa en concurso. También ha influido el tratamiento de los anticipos realizados por turoperadores. Martinón solo se quedaría con esos importes tras la transmisión, mientras que Lopesan los incorporaba directamente a su oferta, en una cifra cercana a los tres millones de euros.
El empleo ha sido otro factor determinante en la decisión judicial. Ambas empresas planteaban mantener a la plantilla activa, pero Martinón incluía además a unos 25 trabajadores en situación de excedencia. El juez advierte que excluir a estos empleados podría generar costes adicionales para la masa concursal en forma de indemnizaciones. Por ello, este compromiso ha pesado a favor de la oferta finalmente elegida. A este aspecto se suma el respaldo de los propios trabajadores, que han mostrado su preferencia por Martinón. La empresa lleva cinco años gestionando los hoteles bajo la marca Livvo, lo que ha facilitado una relación previa con la plantilla.
Un proceso aún abierto
Pese a la adjudicación, la resolución judicial no es definitiva. Lopesan dispone de un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición, aunque el contenido del auto deja escaso margen para una posible revisión.
Por su parte, Martinón tendrá diez días para formalizar el pago una vez que la decisión sea firme. Si no lo hiciera, los activos pasarían automáticamente a Lopesan, que debería abonar entonces su oferta.
