La negociación de los alquileres con los inquilinos de sus espacios comerciales a cuenta del Covid, esta trayendo más de un dolor de cabeza al operador Aena, que podría acabar en los juzgados.
La compañía participada por el Estado cerró ayer su periodo para recibir la adhesión o disconformidad de sus arrendatarios al plan de reducción de rentas. El 40% aceptó, el 51% rechazó y el 9% restante disponen de un poco más de tiempo, «porque se les enviaron las comunicaciones algo más tarde», precisan desde Aena.
Los que han firmado se beneficiarán de una rebaja del 50%; quienes se hayan negado renuncian a la rebaja pero tienen que pagar. En este momento, Aena tiene cerca de 800 contratos en vigor con diferentes marcas de moda o complementos, restauración, empresas de Duty Free y otros operadores.
Una parte de los inquilinos, la Asociación de Operadores Comerciales de Aeropuertos, que aglutina ya 150 inquilinos, y representada por el despacho de abogados Fieldfisher JAUSAS, es la que podría tomar algún tipo de iniciativa legal, precisan fuentes cercanas a la negociación. De hecho, incluso podrían plantear una demanda colectiva.
La propuesta
En una carta enviada a principios de enero, el operador proponía a los inquilinos de sus locales una reducción de las rentas del 50% desde el inicio del año hasta septiembre. «El descuento para el año 2020 asciende al 60%, si tenemos en cuenta que se aplica 100% durante el primer estado de alarma y, desde enero, el 50%, «más allá del RDL pues incluimos el período entre estados de alarma», precisan.
Los operadores entendían que la sociedad no iba a cobrar ningún tipo de alquiler desde el decreto del estado de alarma hasta el pasado 20 de junio, cobrar el 50% de las rentas desde la segunda mitad del año hasta el 8 de septiembre y el 100% a partir de esa fecha.
El problema central por el que chocan inquilinos y casero está en la Renta Mínima Garantizada (RMGA). Es la parte fija que los arrendatarios liquidan cada año (ahora en febrero este 2021) y que va ligada a otra parte variable, condicionada por las ventas, pero que en este caso se abona mes a mes.
La respuesta de los comerciantes
Así, la Asociación de Operadores Comerciales de Aeropuertos, que aglutina 120 inquilinos, respondió a la propuesta que Aena envió, con una carta en la que denunciaban la imposición de «unas condiciones abusivas«, y destacaban el hecho de que debían renunciar a acciones judiciales aún cuando sigan sufriendo los efectos de la pandemia después de septiembre, según la asociación, representada por el despacho de abogados Fieldfisher JAUSAS.
Por lo que pedían a Aena que amplíara el plazo para negociar las condiciones dos meses más y que mientras se llega a un nuevo acuerdo no emita la factura de renta mínima garantizada, ya que pondría en una situación de concurso a muchas compañías.
El operador aeroportuario argumenta que «la intención es ajustar los contratos a la situación de las partes, ambas afectadas por la pandemia, de forma equilibrada». «Hay que tener en cuenta que Aena es una empresa que se autofinancia, no tiene inversión pública, no depende de los PGE, no se sufraga con los impuestos sino con los ingresos que genera la propia compañía y el tráfico ha caído más de un 70%», precisan.
