La Ley de Vivienda, que fue aprobada en Consejo de Ministros a principios de este año, pero desde marzo espera su aprobación definitiva por las Cortes, podrá cumplir un año en el cajón parlamentario. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asumido este martes que su visto bueno no llegará antes de finalice el año, tal y como esperaba el Gobierno, y ha confiado en que se le dé luz verde definitiva a principios de 2023.
«Es cierto que esperábamos tener aprobada esta ley antes de finalizar este año y puede que no sea así, pero confiamos en que sea a principios del año que viene», ha señalado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En plena ebullición parlamentaria de final de año, con debates intensos en torno a los Presupuestos Generales del Estado, diversas leyes sociales o incluso de reformas del Código Penal, la Ley de Vivienda ha sido objeto de debate (o de posible moneda de cambio para apoyos puntuales a otras normas por parte de los socios habituales del Gobierno), pero no ha logrado plasmarse en un texto que sume el apoyo necesario.
Incluso los dos socios de Gobierno, PSOE y Podemos, tampoco parecen llegar a un acuerdo previo, por mucho que el texto saliera del Consejo de Ministros con el visto bueno de todos. Es tal el retraso que el Ejecutivo ha tenido que aprobar por medio de otros decretos medidas de vivienda como la prórroga en 2023 del límite del 2% a la subida del alquiler.
A todo esto, Raquel Sánchez ha negado que la tramitación de esta ley esté bloqueada y ha defendido que desde que el Gobierno la remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria se ha estado trabajando «intensamente» con el resto de formaciones del arco parlamentario y se ha presentado más de 800 enmiendas.
«Hemos alcanzado muchísimos acuerdos y seguimos en esa senda de trabajo, confiando en que podamos alcanzar un acuerdo que reúna los máximos consensos posibles», ha reafirmado la ministra.
Algunas de las medidas que contemplaba el proyecto remitido de Moncloa a la Carrera de san Jerónimo destacaba la declaración de zonas tensionadas en aquellos distritos donde el precio del alquiler haya subido un 5% más que el IPC autonómico y las rentas supongan un 30% de los ingresos medios; o la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de 30 años y una reserva de suelo para vivienda en alquiler asequible.
Otras medidas incluían incentivos para propietarios que alquilen a precios reducidos a personas con ingresos bajos o una mayor protección de los más vulnerables frente a los desahucios, que desde algunas voces del sector inmobiliario consideraban que podría amparar ciertos casos de ocupación.
También se contemplaba la creación de un fondo social, la puesta en marcha del bono joven, un recargo en el IBI a quien tenga una vivienda vacía o la limitación de rentas a los grandes tenedores (quienes cuenten con más de 10 propiedades), uno de los aspectos sobre los que siempre ha existido polémica por la cifra a partir de la que se considera gran tenedor.
