Un plazo medio de diez años. Es lo que suele tardar cualquier modificación urbanística por pequeña que sea antes de que logre la autorización definitiva. En cualquier momento, por cualquier detalle, se paraliza, por muy pequeño que sea. Y contra este poder de lo menor, y en un entorno donde la falta de suelo es tan endémica en España como la necesidad de tener una vivienda, es por lo que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció ayer que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
La reforma articula mecanismos «para garantizar la operatividad real de la función pública a la hora de organizar y definir el uso del territorio y el suelo de acuerdo con el interés general. El objetivo es evitar la paralización durante años del planeamiento territorial de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables. Este hecho provocaba una enorme inseguridad jurídica y enormes perjuicios económicos», explica el Ministerio en un comunicado.
Y es que la consideración de estos planes como reglamentos ocasiona que cualquier defecto, ya fuera material o puramente formal, tuviera como consecuencia su nulidad de pleno derecho, sin posibilidad alguna de subsanación. «Dicha decisión provocaba, a su vez, la nulidad en cascada de todo lo aprobado, ya fueran planes parciales y especiales, reparcelaciones o licencias, lo que ha generado una enorme inseguridad jurídica y enormes perjuicios sociales», sigue explicando el Departamento que dirige Raquel Sánchez.
«Buscamos dotar a nuestro país de un planeamiento urbanístico y territorial que, sin merma alguna de la seguridad jurídica y el interés general que se debe salvaguardar en todo caso, se actualice y responda a las necesidades de planificación de los territorios y del impulso que queremos dar a las políticas de vivienda«, ha explicado la propia ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Participación de otras administraciones
A partir de ahora, se abrirá el trámite de audiencia e información pública, además del proceso de participación de las comunidades y ciudades autónomas, así como de la Administración local, a través de los informes correspondientes. Con esta tramitación, se trata de «garantizar el mayor consenso posible en torno al anteproyecto antes de su envío a las Cortes para su tramitación parlamentaria», asevera el Ministerio, que espera que entre en vigor antes de que finalice el año 2023.
Con este anteproyecto se garantiza la seguridad jurídica, que los planes urbanísticos sean garantistas y escrupulosos, a la vez que se restringe la nulidad a casos realmente sustanciales que afectan a la globalidad de los Planes. Así, se posibilita la subsanación de defecto formales de estas revisiones urbanísticas, trabajadas, en muchos casos, en periodos de hasta 10 años, facilitando a los ayuntamientos afrontar una modificación de un planeamiento al reducirse el riesgo de que se declare nulo por un defecto de forma subsanable.
En este contexto, «las intensas y complejas relaciones jurídicas que se generan durante años tras la aprobación de una planificación urbana alientan inversiones y proyectos, tanto públicos como privados, que merecen protección y confianza», defiende Transportes.
«También debe protegerse la nueva visión de la preservación del medioambiente fruto de los compromisos internacionales, el necesario desarrollo de una política de vivienda y de toda la política económica del país. En todos estos intereses está presente el principio de seguridad jurídica que debe regir procesos muy complicados y también dilatados en el tiempo», continúa.
En resumen, la reforma ayuda también a agilizar los procedimientos para que, por ejemplo, las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de construcción de vivienda social en alquiler sigan avanzando para regenerar las ciudades, facilitar el acceso a la vivienda o mejorar los entornos rurales.
Por ello, se introducen modificaciones que buscan mayor simplificación burocrática y mejoras en la tramitación de las autorizaciones de obras de rehabilitación que tienen que impulsar las Comunidades y Ciudades Autónomas y los Ayuntamientos. De esta forma se eliminan trabas y cuellos de botella para ayudar a reducir los tiempos de espera para obtener dichas autorizaciones.
