EH Bildu ha confirmado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras haber alcanzado un acuerdo global con el PSOE y Podemos que, entre otros puntos, prorrogará durante todo 2023 el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler.
Asval, los Coapi y la ANA y ya han manifestado su opinión al respecto. La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) cree que es «inaceptable» prorrogar una medida que «supone la privación del derecho de propiedad a de más dos millones de propietarios de vivienda en alquiler en España; y a los que no se ofrece ningún tipo de compensación, en contra de lo que prevé la Constitución Española». Además, señala que se carga sobre ellos el problema social de la vivienda, responsabilidad de la Administración.
También el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) señala que las medidas afectarán a muchos arrendadores al reducir sus márgenes de beneficio con el alquiler. El vocal de los Coapi, Ángel Martínez León, coincide con ASVAL: «no se puede cargar al propietario de la responsabilidad de la falta de alquiler en España» y reclama al Estado, a quien tacha de intervencionista, que se responsabilice.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) considera «un grave error» esta prórroga del 2% del alquiler «en perjuicio de los arrendadores». José Ramón Zurdo, gerente de la ANA, avisa: «Si alguien quiere saber cuáles van a ser las consecuencias de esta medida en 2023, no tiene más que ver lo que ha sucedido este año desde que está en vigor esta limitación del 2%: subida de precios, menos oferta y más requisitos para los inquilinos para alquilar».
¿Qué opina el sector sobre la prórroga de las medidas?
Asval recuerda que el límite del 2% se planteó como una medida temporal y excepcional, y alerta: «con esta prórroga por un año se ven dañados de nuevo los derechos de los propietarios, lo que propiciará reclamaciones patrimoniales contra el Estado por parte de los mismos«.
Asval añade que los propietarios «son sensibles a los problemas de sus inquilinos. Antes de las limitaciones, la mayoría de ellos habían negociado ya acuerdos beneficiosos para sus inquilinos de actualización de rentas».
Además, «también sufren los rigores de la inflación y ven aumentar sus facturas por el incremento de precios. Desde Asval, recordamos que el 75% de ellos son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual para completar sus ingresos o su pensión», añade la asociación.
Desde su perspectiva, la prórroga de esta limitación sitúa al mercado en una situación crítica, que «desincentiva la inversión en alquiler, y que desviará la oferta al sector de la venta, agravando el problema del acceso a la vivienda«. Todo, en un contexto de endurecimiento de los tipos hipotecarios, lo que perjudica a los colectivos sociales más vulnerables.
Asval, por último, indica que en otros países de nuestro entorno se han establecido límites de actualización de rentas más elevados e indemnizaciones a los propietarios, lo que supone un claro perjuicio para el mercado español.
La perspectiva de la ANA es la misma. «Muchos propietarios suben los precios del alquiler cuando éste finaliza para no perder poder adquisitivo con respecto a una inflación muy elevada, y esta medida del tope del 2% para todo el 2023, va a asentar este comportamiento. Por otro lado, al no haber sido compensados económicamente o fiscalmente, muchos de estos arrendadores, están decidiendo, a la finalización de sus contratos, o no alquilar más las viviendas, o venderlas, y ahora el panorama para todo el año que viene seguirá la misma tendencia», subraya Zurdo.
La agencia cree que la prórroga del límite en las rentas de los alquileres provocará más incertidumbre en el mercado inmobiliario. Según el director general de la ANA, esta medida de intervención del mercado del alquiler, «para congelarlo, es un claro mensaje a los propietarios, tanto particulares como empresas, para decirles que no tendrán ninguna compensación por la pérdida del poder adquisitivo, y que la política social de vivienda de alquiler del Gobierno es inexistente, y toda la carga recae en los hombros de los arrendadores».
Zurdo opina que «estas medidas destinadas a sobreproteger al inquilino, terminan siendo una mala consecuencia para los arrendatarios, ya que les está dificultando enormemente el acceso a la vivienda en alquiler».
A causa de estas medidas, cada vez hay menos oferta, a precios más elevados y cada vez se les piden más requisitos a los inquilinos para poder acceder a una vivienda. Especialmente, en grandes mercados.
«Pan para hoy y hambre para mañana«, prosigue Zurdo. «Pan para hoy, por lo que se puedan ahorrar los inquilinos debido a la limitación; y hambre para mañana, por la subida de rentas que van aplicar los arrendadores a los nuevos arrendamientos para compensar la medida», concluye.
El panorama según director general de la ANA sugiere muchas preguntas. ¿Qué le han hecho los arrendadores al Gobierno? ¿Por qué se les perjudica, cuando el problema es de carencia de vivienda pública destinada al alquiler? ¿Por qué ante esta limitación que van a volver a sufrir de nuevo los arrendadores, no se les compensa con beneficios fiscales, y de esta manera asume el Estado su problema y no utiliza a otros para solucionarlo?
