Este jueves, el Congreso ha aprobado con mayoría absoluta la ‘Ley por el Derecho a la Vivienda‘ para remitirlo al Senado, donde seguirá su tramitación. La norma ha contado con 176 votos a favor, frente a 167 votos en contra.
En concreto, el texto ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe; con el ‘no’ de PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, y también el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, que alegan «invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas», y con la abstención de BNG, que también ha señalado la «invasión» de competencias.
El próximo paso para la entrada en vigor de la norma, bloqueada desde hace más de un año en el Congreso, será contar con el ‘sí’ del Senado para acelerar así su tramitación y entrada en vigor, ante las cercanas elecciones autonómicas y municipales del 28-M.
¿Qué cambios introduce la nueva Ley de Vivienda?
¿Novedades o cambios? La nueva norma contempla los ya conocidos nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, rebajará en algunos casos la figura de «grandes tenedores» e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.
Concretamente, para 2023, el texto mantiene el límite del 2% en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024. Antes de 2025, el objetivo es haber creado un nuevo índice de referencia aplicable al territorio, al margen del IPC.
Paralelamente, el concepto de «grandes tenedores» variará en determinados casos: la cantidad de inmuebles pasa de 10 a cinco y se extenderá a las personas físicas las restricciones para arrendadores en «zonas tensionadas«.
En términos de ‘okupación’, la nueva ley cuenta con distintas medidas que dificultan los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente si el arrendador es considerado «gran tenedor». Con este cambio, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.
