El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado tramitar el recurso que el PSOE presentó contra el Plan Reside, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 27 de agosto. Con esta decisión, se abre un procedimiento judicial que podría determinar si la normativa urbanística cumple o no con la legalidad vigente.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha requerido a la Administración regional la entrega del expediente administrativo en un plazo máximo e improrrogable de veinte días. Una vez que la documentación esté en manos del tribunal, continuará el proceso legal para examinar el fondo del asunto.
Este plan supone una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid. Según sus impulsores, busca proteger y mejorar el uso residencial en la ciudad y regular la oferta de alojamientos turísticos. Sin embargo, sus detractores alertan de sus consecuencias sociales y económicas.
Críticas socialistas al impacto en la vivienda
El PSOE sostiene que el Plan Reside beneficia a grandes fondos de inversión al facilitar la conversión de edificios residenciales en viviendas turísticas. A su juicio, esto pondría en riesgo la permanencia de numerosos vecinos en sus barrios y agravaría la crisis de acceso a la vivienda.
El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento, Antonio Giraldo, ha recordado que su grupo lleva meses advirtiendo sobre estos efectos. Señala que “el plan del Gobierno de Almeida abre la puerta a transformaciones urbanísticas que no garantizan vivienda asequible ni seguridad jurídica para los residentes”.
Según sus cálculos, la normativa permitiría transformar hasta el 73% de los inmuebles del centro de Madrid en alojamientos turísticos. Para el PSOE, esta medida aumentaría la presión sobre el mercado del alquiler y dificultaría aún más el acceso a una vivienda a precios razonables.
Posibles irregularidades y próximos pasos judiciales
El grupo socialista no solo cuestiona el fondo del plan, sino también su forma. Considera que la normativa aprobada en solitario por el PP presenta defectos legales que deben ser revisados por la Justicia. Por eso, confían en que el procedimiento judicial aclare los criterios y beneficiarios reales de la iniciativa.
El tribunal ha considerado que el recurso cumple con los requisitos formales y, por ello, ha dado inicio al proceso. Una vez que reciba el expediente, se abrirá la fase en la que ambas partes podrán exponer sus argumentos y presentar pruebas.
Giraldo ha subrayado que Madrid necesita “políticas serias y que beneficien a la mayoría, no atajos que acaban en los tribunales”. A su juicio, la prioridad debe ser garantizar vivienda asequible, reforzar la inspección y proteger la convivencia vecinal.
