La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una amplia operación contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario que se ha desarrollado de forma simultánea en doce provincias pertenecientes a seis comunidades autónomas. El dispositivo ha supuesto la presencia de más de 170 funcionarios en 41 locales de empresas dedicadas a la intermediación en la compraventa y el alquiler de viviendas. La actuación se centra en analizar posibles irregularidades vinculadas al uso de efectivo y a comisiones no declaradas.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda, esta intervención responde al análisis previo de denuncias que apuntan a prácticas irregulares en el sector. Entre los principales indicios se encuentran supuestos cobros en metálico no declarados y la existencia de comisiones fuera del circuito fiscal. También se investigan posibles pagos indebidos a inquilinos, en contra de la normativa vigente en materia de vivienda.
Una operación coordinada en seis comunidades autónomas
El dispositivo, que ha recibido el nombre de ‘Insulae’, marca el inicio de comprobaciones inspectoras sobre 49 sociedades y empresarios del sector inmobiliario. Además, se extiende a 18 personas físicas relacionadas con estas actividades, entre las que se incluyen socios, administradores y familiares vinculados a la gestión de las empresas. La operación se ha desarrollado de forma simultánea en distintos puntos del país.
Las actuaciones se han distribuido territorialmente entre la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña, Madrid, Canarias y Baleares. En concreto, se han registrado 19 locales en la Comunitat Valenciana, 7 en Andalucía, 5 en Cataluña, otros 5 en Madrid, 4 en Canarias y 1 en Baleares. Esta distribución refleja el peso del sector inmobiliario en estas zonas y el alcance del dispositivo de control.
En el operativo han participado distintos cuerpos y unidades de la Agencia Tributaria. Entre ellos se encuentran el Área de Inspección, las Unidades de Auditoría Informática y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Su intervención conjunta ha permitido acceder a documentación clave tanto en formato físico como digital.
Indicios de fraude ligados al uso de efectivo y comisiones no declaradas
Las investigaciones se centran en posibles prácticas irregulares relacionadas con el uso intensivo de dinero en metálico. Una de las principales hipótesis es la existencia de cobros no declarados en concepto de comisiones por intermediación inmobiliaria. Estos pagos, según las denuncias analizadas, no habrían sido reflejados en las declaraciones fiscales correspondientes.
También se estudia la posible aplicación de comisiones a inquilinos que podrían ser contrarias a la Ley de Vivienda. Además, se investiga el cobro de cantidades no declaradas por servicios adicionales como la realización de visitas a inmuebles o la elaboración de informes relacionados con las operaciones de compraventa o alquiler.
La Agencia Tributaria ha puesto especial atención en detectar estas prácticas en un contexto de crecimiento sostenido del mercado inmobiliario. Según Hacienda, las agencias intermedian actualmente en torno al 70% de las operaciones de vivienda en España, lo que incrementa la relevancia del control fiscal en este sector.
Dentro del operativo, también se ha realizado un estudio sobre los socios y responsables de las empresas investigadas. El objetivo es detectar posibles incrementos patrimoniales que no se correspondan con los ingresos declarados. Esta línea de análisis busca identificar discrepancias entre el nivel de vida observado y la actividad económica registrada. Los inspectores han examinado la existencia de signos externos de riqueza que pudieran no tener justificación fiscal suficiente. Esta información se utiliza para determinar si existen ventas ocultas o ingresos no declarados que se estén materializando en el patrimonio personal de los implicados.
Acceso a documentación clave y próximos pasos de la investigación
Durante las actuaciones simultáneas, los funcionarios han podido acceder a información relevante para la investigación. Esto incluye documentación contable, archivos auxiliares y datos almacenados en sistemas informáticos de las empresas inspeccionadas. El objetivo es reconstruir con precisión la actividad económica real de los negocios analizados.
La Agencia Tributaria ha señalado que las inspecciones no concluyen con esta fase inicial, sino que continuarán durante los próximos meses. A partir de la información recabada, se iniciarán procesos de comprobación más detallados con el fin de regularizar posibles incumplimientos detectados.
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