El Gobierno de coalición tiene previsto aprobar durante el mes de julio un amplio paquete de medidas en materia de vivienda que incluye iniciativas de calado como la prórroga de los contratos de alquiler y la aplicación de un IVA del 21% a los pisos turísticos. El objetivo declarado es dar respuesta a uno de los principales problemas sociales del país: el acceso a una vivienda a precio asequible.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha explicado que se trata de un conjunto normativo «importante» y de carácter «ambicioso y transversal», diseñado para incorporar propuestas de distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura. Según ha señalado, el propósito es que «todos los grupos se sientan representados» en el texto final. En este sentido, el Ejecutivo trabaja con los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de cerrar un acuerdo en las próximas semanas. Saiz ha subrayado que el problema de la vivienda solo puede abordarse desde el consenso político y social, insistiendo en que «si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin lugar a duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía».
Un paquete dividido en dos grandes bloques
El plan del Gobierno se estructura en dos grandes bloques de actuación. El primero está orientado a reducir el precio del alquiler, dar estabilidad a los contratos y combatir posibles fraudes en el mercado. El segundo se centra en movilizar vivienda asequible para incrementar la oferta disponible.
Dentro del primer bloque se incluyen medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento y la obligatoriedad de que todos los contratos se formalicen por escrito. También se contemplan bonificaciones en el IRPF para aquellos propietarios que decidan reducir el precio del alquiler. El Ejecutivo considera que estas medidas buscan aportar seguridad tanto a inquilinos como a propietarios, en un mercado que ha experimentado tensiones en los últimos años. La intención es evitar situaciones de incertidumbre al finalizar los contratos y reforzar un marco legal más estable.
Por otro lado, el segundo bloque incluye medidas orientadas a aumentar la oferta de vivienda asequible. Entre ellas destaca el incremento del IVA hasta el 21% para los pisos turísticos, una medida que pretende desincentivar su expansión en zonas tensionadas. También se contemplan actuaciones para agilizar los procedimientos administrativos vinculados a la construcción y puesta en el mercado de nuevas viviendas.
Objetivo: ampliar la oferta y frenar la presión del alquiler
El Gobierno insiste en que el equilibrio del mercado inmobiliario pasa necesariamente por aumentar la oferta disponible y frenar la presión de los alquileres turísticos en determinadas ciudades. La combinación de fiscalidad, regulación y medidas de impulso administrativo se presenta como la estrategia central del paquete. Desde el Ejecutivo se prevé que el Consejo de Ministros pueda dar luz verde a estas medidas en las próximas semanas, con el objetivo de que el texto llegue al Congreso con el mayor respaldo posible.
En paralelo, el debate político sigue abierto. Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado con el PSOE, destacando que incorpora la prórroga de alquileres, una medida que consideran fundamental. Urtasun ha afirmado que esto demuestra que «no han bajado los brazos» y ha defendido que aún existe margen para lograr un acuerdo más amplio. El ministro también ha señalado que Junts ha planteado introducir ajustes, especialmente en materia fiscal, y que estas propuestas están abiertas a discusión. «Aquí nadie puede faltar, todo el mundo tiene que estar a la altura», ha defendido, en referencia a la necesidad de sumar apoyos parlamentarios.
Antecedentes y posiciones en el Congreso
El actual paquete legislativo llega tras un intento previo del Gobierno de aprobar una prórroga de dos años de los contratos de alquiler. Aquella medida fue aprobada en marzo en Consejo de Ministros, pero generó discrepancias internas dentro del propio Ejecutivo de coalición. Finalmente, el decreto fue rechazado en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP, Vox y Junts, lo que impidió su convalidación. El texto incluía la extensión de los contratos que finalizaban hasta el 31 de diciembre de 2027, una medida que ahora se recupera en el nuevo paquete con modificaciones.
En este contexto, distintas formaciones siguen marcando posiciones. Desde Compromís se ha defendido la necesidad de recuperar la prórroga de alquileres y de garantizar que los contratos se formalicen obligatoriamente por escrito. Además, la formación reclama avanzar en la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, y plantea que la regulación de los precios de alquiler debería ser una competencia de ámbito local.
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